20 dic. 2011

Dos campesinos heridos en Santiago del Estero

Otro conflicto por tierras

Por Darío Aranda (para Página/12)



A un mes del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, otras dos personas resultaron heridas en un nuevo conflicto territorial por el modelo agropecuario. Ayer a la mañana, en el norte provincial, dos integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) fueron atacados por cuatro personas armadas que pretendían ingresar al campo comunitario. “Mis viejos nacieron ahí y vienen estos sinvergüenzas y quieren hacer negocios con nuestra tierra. No los vamos a dejar, aunque tengan a los políticos y la policía de su lado”, advirtió Ariel Palacios desde Salta, donde fue trasladado con un traumatismo de cráneo y donde su hermano, Néstor Palacios, permanecía internado con un disparo en el pecho. El Mocase acusó del hecho a funcionarios municipales. El Comité de Emergencia, ámbito oficial de la Jefatura de Gabinete provincial, había alertado sobre los conflictos en la zona.

Villa Matoque es un pueblo al noroeste de Santiago del Estero, casi al límite con Salta. “Hace dos años que comenzaron los problemas con vecinos que siempre vivieron ahí. La familia Santillán, todos prendidos en la Comisión Municipal, empezó a echar campesinos y vender las tierras a empresarios”, explicó Palacios, que forma parte de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (Uppsan, y ésta integra el Mocase).
Ariel Palacios, de 45 años, estaba anoche en el Hospital San Bernardo, de la capital salteña, donde fueron trasladados con su hermano Néstor (de 43). Explicó que son 60 familias que viven y trabajan 3000 hectáreas comunitarias. Hace dos semanas “vinieron empleados de los Santillán con topadora y se metieron de prepo”, detalló.

A las 9 de ayer, los Palacios comenzaron a cerrar con postes la picada que había hecho la topadora. Cuatro hombres armados llegaron. Ariel Palacios fue golpeado en la cabeza con la culata de un revólver. Su hermano Néstor sufrió un disparo de carabina en el pecho, debajo de la clavícula, que también le afectó el brazo.
Palacios identificó como cabecilla del ataque al secretario de la Comisión Municipal de Villa Matoque, Eduardo Alonso Santillán, que es hermano del comisionado municipal (Hugo Santillán). Y denunció que el disparo fue realizado por “Geremías Santillán, hijo del secretario, sobrino del comisionado”.
El Comité de Emergencias para la Problemática de Tierras recorrió en diciembre de 2010 Villa Matoque. El informe oficial se llama “Informe Comisión Interinstitucional Caso Rumi Pozo-La Soledad, Departamento de Copo”. Detalla que recorrieron un campo en conflicto (Rumi Pozo) a 20 kilómetros del pueblo de Villa Matoque.

“Esta comisión se encontró con un grupo de personas que había montado una carpa frente a la Comisión Municipal y presentaba carteles con consignas de protesta contra el comisionado Santillán y su familia. Pudimos observar que en la sede de la Comisión Municipal se encontraba otro grupo y personal policial, que según nos relatan estarían custodiando la comisión”, señala el documento oficial y afirma que “el grupo que había armado la carpa frente a la comisión estaba integrado por representantes de cuatro organizaciones campesinas y familias desalojadas. Manifestaron su total descontento con la intervención de la Comisión Municipal en la compraventa de tierras y en los conflictos que eso genera”.

También detalla que “el otro grupo” estaba integrado por quince personas, entre ellos “el secretario de la Comisión y su hijo (hermano y sobrino del comisionado), quienes manifestaron trabajar para la empresa (agropecuaria) Servicios y Negocios SA”.

Roger Almaraz, del Mocase, afirmó que “todos los conflictos son por un modelo que quieren arrasar los montes para sembrar soja y criar vacas a gran escala. Es un modelo de muerte que quiere acabar con el campesinado y con nuestro modo de vida”.

17 dic. 2011

El Tribunal Popular del Cordón Industrial condenó a Cargill, Vincentín y Molinos



Por Indymedia Rosario - Radio Popular Che Guevara - Saturday, Dec. 17, 2011 at 3:39 AM
rosario@indymedia.org
El 19 de noviembre se constituyó el Tribunal Popular del Cordón Industrial, una iniciativa de un conjunto de movimientos y organizaciones populares que buscaron denuncia al accionar criminal de las empresas transnacionales y nacionales, en especial las del agronegocio. Estas corporaciones, afirman, “son responsables de degradar la calidad de vida y violar los derechos de nuestros pueblos”.
El Cordón Industrial del Gran Rosario es una zona en la que se cruzan con fuerza distintos momentos de nuestra historia, distintos proyectos de país: desde aquel desarrollismo industrial que creía o soñaba con una burguesía nacional, a la destrucción del aparato productivo en aras de la especulación financiera, la ganancia inmediata, una demolición en etapas que comenzó con la dictadura genocida y completó el Partido Justicialista en los 90; ahora, mientras perdura aún como polo petroquímico, la región funciona como el corazón del modelo agroexportador-extractivista actual.
Otra constante de la región, con sus momentos álgidos y sus reflujos, ha sido la lucha obrera y popular. Si en el pasado los reclamos eran predominantementes de los trabajadores -con importantes ejemplos de organización sindical de base-, en los últimos años la preocupación medioambiental se ha ido incrementando, en paralelo con la contaminación. En algunos lugares, en barrios reconvertidos de la noche a la mañana en zona industrial por obra y arte de administraciones demasiado dispuestas a complacer a las corporaciones, la combinación de ácidos, humos, químicos industriales y agrotóxicos que caen de centenares de camiones vuelven invivible la existencia cotidiana.
En la zona se repiten los testimonios de escuelas que no pueden dar clases, de personas que se enferman y mueren por no poder mudarse de un hogar que ha perdido su valor inmobiliario, de la multiplicación de niños con alergias y adultos con cánceres. Y también se vuelven redundantes los reclamos a un Estado que en sus tres poderes no controla ni castiga, sino que al contrario, deja hacer y en algunos casos promueve la irresponsabilidad empresaria. Por todo ello, es que un grupo de organizaciones populares del Cordón Industrial impulsaron este Tribunal Popular, para investigar, organizar la información y ejercer un juicio ético como un mecanismo de autoprotección ante la orfandad en la que se encuentra la población.
La investigación, tomada por un grupo de activistas y vecinos, llevó casi un año y se concentró en tres corporaciones: Cargill, Vincentín y Molinos Río de la Plata, como ejemplos clave de una realidad de impunidad que involucra a todas las grandes empresas de la región, como promotoras y beneficiarias del modelo productivo vigente en el país.
A pesar de que el día planificado una tormenta durísima cayó durante toda la tarde, y aguó la posibilidad de realizar la jornada en el centro de la ciudad de San Lorenzo, como era la intención original, se desarrolló de igual forma. No fue sencillo, sin embargo: varias entidades se negaron a prestar sus instalaciones -algunas dieron primero el sí, pero retrocedieron al momento de enterarse del motivo de la convocatoria- y finalmente el Tribunal Popular se trasladó a Capitán Bermúdez, a una sala de la iglesia a cargo de Salvador Yaco, un sacerdote nada estándar, entre otros motivos por su alto grado de compromiso social. Se esperó un buen rato a que bajo el chaparrón, las calles anegadas, el tránsito colapsado, fueran llegando los asistentes.
Entre quienes organizaron este encuentro hablamos en primer lugar con María Elena Saludas, de ATTAC (también organizaron la Casa de la Memoria (Rosario), Semillas de Rebelión, Semillas del Futuro, Taller Ecologista, Taller Permanente de la Mujer,  La Asamblea (Granadero Baigorria), Llamamiento por la Unidad, y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana MULCS; y adhieron una multitud más).
María Elena nos planteó con mucho énfasis que el Juicio Popular a las corporaciones es “fundamentalmente, para sensibilizar a la población y para poner en debate qué modelo de país queremos”.
- Esta es una iniciativa que se ha venido desarrollando en distintos lugares del mundo, para juzgar a las grandes trasnacionales y a este modelo neoliberal. Los principales actores del sistema capitalista, en verdad, en este momento, y desde hace tiempo, son las corporaciones trasnacionales y toda una red de protección a las mismas, hablo de la protección jurídica que tienen todas estas empresas. Pensemos en los tratados bilaterales de inversión, en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) una institución del Banco Mundial con sede en Washington) a donde pueden remitirse todas estas corporaciones.
Pero en verdad en este momento, este tribunal popular que estamos llevando a cabo en Capitán Bermúdez, tiene por objetivo juzgar a las 11 corporaciones trasnacionales que están sobre el río Paraná, trasnacionales y nacionales también, paradigma de este modelo del agronegocio, modelo altamente concentrador y altamente excluyente. El hecho de juzgarlas es, fundamentalmente, para sensibilizar a la población y para poner en debate qué modelo de país queremos. Ahora tenemos que debatirlo con más fuerza, luego de la muerte de Cristian Ferreyra, que ha muerto como consecuencia de este modelo, que afecta a todos los ámbitos de la vida: en lo social, en lo económico, en lo ambiental. El motivo es que todos los “callados”, todos los vecinos de estas poblaciones, los que no tienen la voz y no tienen acceso a los medios puedan expresarse y contar todas sus experiencias de lucha. Y también debatir qué caminos alternativos hay, porque nosotros no solamente decimos “no” sino que también planteamos los caminos alternativos.
Por su parte, Bruno Saccavino, de Semillas de Futuro, contó un poco del recorrido mediante el cual se fue constituyendo el Tribunal Popular:
- Este tribunal popular hace 7 meses que viene trabajando, con distintas organizaciones que se fueron sumando, tanto vecinales como ambientales y sociales, donde juntos tratamos de llevar adelante este primer tribunal popular del Cordón Industrial del Gran Rosario. Es importantísimo que se haga en este lugar básicamente porque están todas las industrias multinacionales sobre el río Paraná, con todo lo que ello implica. Obviamente que es una problemática no sólo a nivel local, sino también nacional. Acá no solamente usurpan el río y sus costas, acá el río ya no es más una fuente de vida, sino un camino transitable para llevar los alimentos hacia afuera, que en realidad los alimentos no son para la gente que los necesita y alimenta a los ganados del mundo. Estamos muy contentos porque la convocatoria es muy grande.
Entre los jurados tenemos el agrado de tener a Madres de Plaza de Mayo, pero también se han elegido representantes locales de amplia trayectoria de lucha social: el Beto Olivares, el padre Salvador Yaco, Armando Casinera. Son un montón de personas que a lo largo de su vida han peleado por un mundo mejor, esa fue básicamente la idea de por qué elegirlos.
Finalmente, dialogamos con Cecilia Bianco, del Taller Ecologista de Rosario. Especializada en la problemática de los tóxicos, nos contó con más detalle sobre los padecimientos cotidianos de la población del Cordón Industrial.
- Aquí es donde se ve cómo todo lo que se produce en nuestros campos, todas las riquezas que tienen nuestras montañas, se van por los puertos. También es evidente cómo este modelo es excluyente, genera muchísima diferencia económica. Si nos referimos a América Latina, tenemos una gran cantidad de pobres, en el orden de los 200 millones, y esto nos está diciendo que si bien toda la región es generadora de maíz, de trigo, de avena, de cebada, de soja, está muy lejos de tener dignidad en su calidad de vida.
En cuanto a los efectos que generan las trasnacionales de agronegocios en la zona del cordón industrial, una de las cosas que se ha perdido claramente es calidad del aire. Eso es algo que apenas empieza a transitar el cordón industrial uno empieza a sentir afectaciones en el sistema respiratorio y todos los que viven aquí dan cuenta a partir de casos de asma, de rinitis Y además cuando tenemos un material particulado, que es capáz de ingresar a nuestras vías respiratorias, ya empiezan a aparecer problemas a nivel cardíaco. También tenemos que ver qué pasa con el ocio, natural y necesario: los espacios para disfrutar del río se van perdiendo año a año porque las empresas necesitan disponer de zonas para el puerto y el camino de sirga, al cual todos tenemos derecho, es algo que no podemos utilizar porque están como privatizadas las bajadas al río.
Lo otro también es saber que hay vecinos que han comprado sus casas hace años y de repente se encuentran con que, de un día para el otro, ese barrio deja de ser residencial y pasa a ser industrial, a pesar de que tenemos asentamientos, hay gente y está perfectamente urbanizado. Lo que sucedió es que los consejos deliberantes, ante la entrada de pedidos de las empresas, dicen que es viable y modifican el uso del suelo y de esa manera la calidad de vida cambia completamente para los vecinos a partir de que cambia la escala de la empresa o tenemos otra empresa.
Respecto de la contaminación vinculada a las empresas de agronegocios se han hecho presentaciones a nivel municipal y provincial, porque a nivel nacional la jurisdicción respecto de los recursos es de las provincias. Vienen con respuestas muy lentas de parte de la provincia. De parte de los municipios la realidad es que no están provistos de toda la tecnología necesaria, como por ejemplo para medir la calidad del aire. Respecto de este tema tenemos que soportar que exista un convenio entre las empresas de agronegocios y la provincia de Santa Fe para hacer las mediciones de la calidad de aire. Es increíble cómo este modelo no alcanza para generar los propios recursos para el Estado e independizarse y poder hacer mediciones como corresponde sin necesidad de hacer ningún tipo de asociaciones con otros particulares, privados en este caso.
La sentencia
Luego de la presentación de los informes y los testigos -vecinos, activistas y un concejal mandato cumplido de Villa Gobernador Gálvez que narró con detalle como el ex-menemista, ahora kirchnerista Pedro González le entregó un barrio a Cargill- el Tribunal Popular declaró culpables a las empresas Cargill, Vincentín y Molinos Río de la Plata por “violar los derechos de los pueblos, a la soberanía nacional ; por violar los marcos normativos y jurídicos; por violar los derechos de los trabajadores, y los derechos a la salud , y a vivir en un ambiente sano; por violar los derechos de información, comunicación, educación, circulación. Y sobre todo por violar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza , agudizando un verdadero genocidio silencioso”.
El Tribunal estuvo encabezado por Nora de Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora) y Mirta Baravalle  (Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), junto a Maria Teresa Nuñez (Federación Judiciales Argentina – CTA), María Elena Saludas (Miembro de ATTAC – CADTM Argentina), Salvador Yaco (Cura Párroco de Parroquia Santa Catalina – Cap. Bermúdez), Norberto Olivares (Abogado – Miembro de la Liga Argentina por los  Derechos del Hombre) y Armando Cassinera (Ingeniero Agrónomo. Trabajador del CONICET)
La sentencia completa se puede leer aquí : http://argentina.indymedia.org/news/2011/11/800940.php
Sitio del Tribunal: http://tribunalpopulargranrosario.blogspot.com/

3 dic. 2011

Las resistencias populares en la UAC







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En el 17º Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, realizado en la Plaza de los Dos Congresos y en la Universidad de Luján entre el 25 y el 28 de noviembre, se expusieron las problemáticas que padecen pobladorxs de todo el país en torno a las cuestiones socioambientales.

(Nota con AUDIOS) 

(Andrea Salvati - Red Eco) Ciudad de Buenos Aires - En este marco se llevó a cabo el panel de debate "Las consecuencias del Modelo y las resistencias populares" para contar experiencias sobre las resistencias desde distintos sectores. Del mismo participaron Diosnel Pérez, del Frente Popular Darío Santillán; Enrique Mamani, referente de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios -ORCOPO-; Medardo Ávila, médico de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados; y Darío Aranda, periodista de Página 12 que aborda la temática de los pueblos originarios y en días pasados sufrió la censura de dos de sus notas por evidenciar los vínculos políticos en el asesinato de Cristian Ferreyra, del MOCASE.Inició la exposición Diosnel Pérez que, como vecino de la villa 20 y dirigente barrial, denunció la contaminación por plomo que padecen lxs habitantes del barrio debido a la instalación de un cementerio de autos en Villa Lugano. Además, Pérez hizo referencia a la estigmatización y criminalización por parte de políticos y policías. Declaró que en una oportunidad, su hijo de 10 años junto a algunos amigos del barrio, fueron a jugar al cementerio de autos y por ese motivo fueron detenidos e incomunicados por la policía. Pérez relató que esas escenas se repiten, al igual que las amenazas, y sentenció que si él está vivo es por dar a conocer dichas situaciones de hostigamiento y persecución.
Enrique Mamani habló de la resistencia de los pueblos originarios desde los tiempos de
Tupac Amaru y que hoy continúa por una resistencia al sistema actual del Estado, el cual avala la megaminería, corporaciones agrícolas, entre otras. Por eso llamó a la construcción de una alternativa a través de "la diversidad de pensamiento, la resistencias populares y lo asambleario". También recordó el histórico y sistemático saqueo de tierras a los pueblos originarios por parte de los políticos desde hace cientos de años y reveló la quita de territorios que actualmente se está dando, por ejemplo, con las tierras de los Mocovíes y los Pilagá en Chaco, entre otros casos.
La exposición de Medardo Ávila abordó, entre otros, el caso del barrio Ituzaingó, un pueblo cordobés fumigado que lleva una lucha desde hace más de 10 años, cuando las mujeres comenzaron a denunciar los aumentos de casos de cáncer y otras consecuencias dadas tras el paso de los aviones fumigadores por los sembradíos de soja que prácticamente rodean a esa población.
Gracias a la lucha de la comunidad y a una denuncia penal hecha en 2008, entre el 27 de febrero y el 2 de marzo del año próximo se enjuiciará a los productores agropecuarios
Jorge Gabrielli y Francisco Parra, junto a Edgardo Pancello (piloto de un avión fumigador y comerciante) por estar acusados de la violación del artículo 58 de la ley 9164 de agroquímicos, que prohíbe la aplicación por vía aérea de glifosato y endosulfán cerca de franjas urbanas.
Ávila sostuvo que de ganarse este juicio los culpables pueden ir a la cárcel y esto "va a generar un precedente único en el mundo". Respecto al efecto de los agrotóxicos cada vez más utilizados en el marco del sistema de producción agrario, Ávila enumeró consecuencias tales como malformaciones graves, problemas reproductivos, afecciones crónicas (con efectos residuales) que, sentenció, "cambiaron el patrón de enfermedades de las poblaciones fumigadas".
uac_-_comision_de_comunicacion_02.jpgRemarcó que lxs más afectadxs son lxs trabajadorxs que fumigan sin que se les brinde protección alguna y pobladorxs cercanos a lugares sembrados, que muchas veces son personas de bajos recursos. Asimismo reclamó por la eliminación de las fumigaciones aéreas dado los devastadores efectos en personas, animales, y medioambiente.
En este orden, contó la experiencia de la Red de Médicos en el Hospital de Resistencia, en Chaco, donde notaron que la cantidad de niñxs con malformaciones se cuadruplicó, y este aumento se fue dando en la misma medida en que aumentaban las superficies sembradas en esa provincia (con lo cual también se incrementaba la aplicación de agrotóxicos) Además, Ávila expuso que allí existen poblaciones, tales como Charata, Villa Ángela y La Leonesa, donde las malformaciones son la primera causa de muerte en niñxs menores de un año.
Además, la Red de Médicos pudo constatar, a través de los registros oficiales de Chaco, el aumento de diversos tipos de cánceres. Sin embargo, Ávila denunció que no pueden acceder a los registros públicos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires debido a que los ministerios les tienen prohibido el acceso a esos datos.
Sumado a esto está la ingerencia de Monsanto que sustenta económicamente a los organismos que deberían ocuparse de controlar qué componentes comercializan para la aplicación en los campos y cuáles son los efectos reales sobre todo organismo vivo que esté expuesto a ello.
Darío Aranda se refirió, en principio, a los actos de censura de Página 12 en sus notas y leyó el comunicado de la comisión gremial interna de trabajadorxs del diario. En este contexto analizó el rol de los medios masivos de comunicación en cuanto al tratamiento de cuestiones referidas a los pueblos originarios: la invisibilización de su resistencia y la no mención de los nexos que avalan la expulsión, represión y asesinato de lxs indígenas, tales como los aspectos políticos y los económicos, que avalan el funcionamiento del modelo extractivo.
El periodista hizo una reseña histórica de los exterminios desde la Campaña del Desierto, la matanza de Napalpí en 1924 (donde asesinaron a 200 hombres, mujeres, niñxs y ancianxs por negarse a ser mano de obra esclaxa) y los repetidos casos de la reducción a esclavitud, las represiones y las matanzas. Se suma el robo sistemático de los recursos naturales y, actualmente, el ocultamiento por parte de los medios hegemónicos respecto a la lucha contra el robo de su territorio, la muerte de sus niñxs por desnutrición y de la continuación del genocidio en defensa de sus tierras, de sus vidas. Todo lo invisibilizado en pos del modelo extractivo.

Noticiero asambleario en vivo y en directo



La Unión de Asambleas Ciudadanas realizó su encuentro número 17 en Congreso (25 y 26 de noviembre) y en Luján (27 y 28 de noviembre). Un largo camino ha sido transitado desde que, por primera vez en 2006, un grupo de asambleas se reunieron ante la necesidad de coordinar las diferentes luchas de los pueblos de la cordillera y precordillera amenazados por las explotaciones mineras. Al correr de las reuniones, se fueron sumando colectivos que luchan contra las pasteras, contra represas hídricas, contra las fumigaciones, hasta convertir cada encuentro en un noticiero vivo y directo de las batallas ambientalistas del país.
Esta reunión transcurre entre talleres, charlas, risas, abrazos, mesas informativas y banderas de las diferentes causas ambientales, reencuentros, baños secos, feria de productos orgánicos, volantes, comidas compartidas, agua y un homenaje a Cristian Ferreyra, el campesino del MOCASE-VC asesinado por parapoliciales.
A continuación, un resumen de las voces asamblearias con las que pudo conversar lavaca:
Claudio Garrot, de la Asamblea de Chilecito que forma parte de las Asambleas Riojanas: “Nos organizamos a principios de 2005 y ante la presentación de un proyecto minero a cargo de Barrick Gold que pretendía instalarse en nuestro cerro, el Famatina, que es nuestra fuente de agua y nuestro determinador de clima. A partir de allí comenzaron dos resistencias muy importantes: las del pueblo de Famatina y la del pueblo de Chilecito que es donde yo vivo. Nos oponemos a la minería a cielo abierto y a la explotación de uranio, que son las dos prácticas extractivistas que actualmente se están queriendo llevar a cabo en toda la provincia, entre otros muchísimos proyectos que propone el gobierno provincial y nacional”.
“Desde los primeros momentos de apropiación del espacio público para poder expresarnos, para poder decir y oponernos a la explotación minera, comenzó un proceso de judicialización de la protesta. Logramos expulsar a Barrick Gold mediante un corte de ruta, fuimos denunciados, golpeados en el lugar del corte, reprimidos, pero aún así seguimos, continuamos. Actualmente se ha agudizado esto por la puesta en vigencia de una ley de flagrancia que le otorga a la policía poderes que antes no tenía y la posibilidad de juicios abreviados, que es la posibilidad de abreviar los procesos antes de que lleguen a manos de un juez o un fiscal. Esto nos ha llevado a que nosotros tengamos que redefinir nuestras prácticas y trabajar de otra manera, ya sea al intervenir el espacio público, al protestar, al decir en ámbitos públicos lo que pensamos y lo que sentimos y por lo cual estamos luchando. Esta ley es relativamente nueva, tiene muy pocos meses. Todas las causas que les han iniciado a compañeras y compañeras de las asambleas son un problema serio: vamos a pedir expedientes y los expedientes no aparecen. Varios jueces y fiscales de Chilecito no se han querido hacer cargo y se las pasan a fiscalías de otros pueblos porque se han inhibido, sabiendo que hay una gran resistencia social en el tema minería y no quieren hacerse cargo, saben que es tomar una gran brasa en las manos. Esta situación muy delicada nos deja muy claro que la justicia responsabilizan al gobierno provincial y nacional de lo que pueda pasar de acá en más si llegamos a ser reprimidos”.
Contacto:
Jenny Luján, de Asambleas Ciudadanas de Chilecito: “Luego de las elecciones, en la provincia de La Rioja hay una terrible avanzada a favor de la minería y de la instalación de los proyectos mineros. Si bien es cierto que no hay ninguno en explotación, continúan negociando y firmando convenios con muchas empresas mineras tanto de oro, cobre, plata como de uranio. El mayor impacto en este momento es el impacto social. Sabemos que la minería tiene un impacto sobre lo ambiental, lo que implica el saqueo de nuestros bienes comunes, pero muy pocas veces de dedicamos debate al impacto social y esta es una de las estrategias más terribles de las mineras, y de los gobiernos provinciales que avalan y que son cómplices de este modelo extractivista y tiene que ver con dividirnos a los pueblos. En este momento, en La Rioja están entregando subsidios a instituciones, a grupos de mujeres, a organizaciones de artesanos, a pequeños productores y, una vez que les entregan esos subsidios –que son de muy poca plata en realidad-, los hacen firmar documentos donde ellos expresan que están de acuerdo con la minería. Esto genera muchísimas divisiones entre nosotros, incluso entre los militantes de las asambleas. Lo que molesta es que el Estado se va corriendo de sus obligaciones y son las mineras las que vienen a cubrir ciertas necesidades de la gente y las instituciones. Las mineras están entrando a las escuelas, se están llevando estudiantes en visitas didácticas y de información a los emprendimientos mineros como Bajo Lumbrera, en Catamarca, y a Veladero, en San Juan. Llevan a periodistas, a medios de comunicación y avanzan desde ese lado. A su vez, el gobernador está invitando a ciertos iluminados, supuestamente especialistas en minería, que vienen a la provincia a darnos esa luz porque, según el gobernador, todos nosotros somos ignorantes y mentirosos. Trajeron a un señor llamado Mario Capelo, que es ingeniero en minas y presidente del Consejo de Ingenieros en Minería, que fue tres veces diputado nacional radical por San Juan, y que ha llegado con todo un discurso que baja a los medios de comunicación y a los funcionarios para que ellos lo sigan repitiendo. Descalifican el mensaje de las asambleas e instalan el mensaje de los beneficios de la minera, cueste lo que cueste. Luego de las elecciones se ve una avanzada terrible y nos silencian en los medios de comunicación. No nos permiten el ingreso a las instituciones. No nos permiten participar de algunos actos o eventos que son populares, comunitarios. Hay amenazas permanentes. Muchos compañeros han perdido su trabajo. Todo esto producto de la contaminación social que provocan las mineras, generando divisiones entre los pueblos para, de esa manera, instalarse”.
Contacto:
Leonardo Pérez Esquivel, de la Asamblea Barrial de Becar, Buenos Aires, que participa del Espacio Intercuencas: “La asamblea surge en 2001 con la defensa del patrimonio público: había muchos predios que se querían privatizar en forma oscura, como el viejo hospital de San Isidro o como el predio de Obras Sanitarias donde está CENCOSUD. Logramos frenar el proyecto de un estadio para 15.000 personas que se iba a hacer en el Jockey Club, con un impacto ambiental muy fuerte en la zona”.
Entre las varias temáticas que trata esta asamblea, plantean una gestión de basura alternativa que incluya a los cartoneros. “Hoy existe una cadena de valor clandestina repleta de intermediarios que utilizan a la masa de trabajo de cartoneros, blanqueando lo recolectado como insumos para las grandes empresas. Queremos que haya un fondo especial de sostén de los precios, porque hay posibilidades de discutir otra forma de gestión de la basura, reduciendo el costo que tiene en cada municipio, con inclusión social y que permite sacar a todos los cartoneros de la indigencia. Es algo que se puede hacer perfectamente”.
Otro tema: “Defensa de los humedales y de toda la costa para que no la privaticen, desde La Plata hasta el Delta. Hay muchas luchas ambientales contra emprendimientos inmobiliarios y empresas que están privatizando esas zonas. Queremos recuperar el río y la costa para todos”.
Contacto:
Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud de Médicos de Pueblos Fumigados: “Hicimos un primer informe que presentamos en octubre de 2010 con todos los datos recolectados por los profesionales que en diferentes provincias están investigando los efectos del uso de agroquímicos en la salud de la población. Lejos de tenerse en cuenta nuestras recomendaciones, ahora nos enteramos, a través de los compañeros de la zona metropolitana, que las empresas de ferrocarriles, en lugar de desmalezar como corresponde, utilizan los mismos agroquímicos en medio de zonas muy densamente habitadas. Es decir, están utilizando el glifosato, que numerosos trabajos demuestran que produce malformaciones y trastornos reproductivos. Un abuso total de las empresas, en complicidad con las autoridades que autoriza estas prácticas”.
Contacto:
Horacio de Carli, de la Asamblea Popular Ambiental Colón, Ruta 135, Entre Ríos: “Desde hace seis años estamos con el tema de las plantas de celulosa y visualizando el IRSSA que es un proyecto de los doce países sudamericanos. Hemos estado siempre apoyando la lucha de Gualeguaychú, junto con las otras asambleas, como la de Concordia, en todo Entre Ríos. Hoy hay compañeros judicializados, con causas que son interminables, que se tramitan en varios lados: el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, la Cámara Nacional de Apelaciones de Paraná , inclusive en Comodoro Py. Hay varios frentes que se han abierto en lo judicial-penal. También, personas particulares, pero impulsadas por el gobierno nacional, han iniciado acciones civiles. Todo esto para que la gente se baje de la lucha”.
Contacto:
Eduardo Lancioni, de Vecinos Autoconvocados por la Vida en contra de la Subestación Rigolleau en Berazategui, Buenos Aires: “Somos una asamblea de vecinos que estamos en contra de una subestación eléctrica de 132.000 voltios que está instalada en el casco urbano de Berazategui. Queremos que sea trasladada a un lugar a donde no pueda producir contaminación electromagnética a las personas. Nuestra lucha viene desde hace más de 5 años. Tuvimos en el 2006 la primera represión cuando los vecinos tratamos de impedir que pongan los cables de alta tensión. Este año, en mayo de 2011, nos reprimieron otra vez. Eran las 3 de la madrugada cuando varios vecinos fueron golpeados. Algunos tuvieron que ser derivados a un hospital. Llevábamos acampando un mes en la vereda y nos pegaron, nos quitaron las carpas, fue bastante complicado. A raíz de eso se hizo un corte de vías y calle. Por eso hay seis vecinos judicializados con una causa bastante rara, sin testigos oculares, solamente una cámara que registró imágenes, pero no se puede identificar claramente a la gente. Con esto le arman la causa a seis vecinos que colaboran en la asamblea. La citación les fue entregada en su domicilio, a las 11 de la noche: así de violento es esto. No había necesidad de que la policía entregue citaciones a esa hora, podría haber sido por la mañana. Intentan amedrentarnos”.
Contacto:
Pedro Antonio Castrioti, guardaparque e integrante de la Asamblea en Defensa del Parque Pereyra Iraola: “Empezamos a reunirnos para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos del parque, tanto los trabajadores como la gente que tiene las huertas, de los visitantes y de la gente que trabaja dentro del parque: así surgió la asamblea. Estando organizados, aparece el problema de que quieren atravesar el parque con una autopista. Esto copó la temática de la asamblea y se transformó en lo principal para ser tratado. Esa es la lucha ahora: no permitir que una autopista atraviese el parque y valorarlo como lo que es, un área natural protegida”.
Contacto:
Enrique, de la huerta de Saavedra, Espacio Cucocó, Capital: “Funciona en un terreno comunitario recuperado por la asamblea de Saavedra en 2002. Tenemos una huerta orgánica y organizamos actividades culturales. Luchamos, por ejemplo, contra las fumigaciones con glifosato en la ciudad. El espacio ahora está amenazado por la gestión porteña que tiene la decisión de enviar a subasta los espacios públicos, entre esos terrenos está la huerta que ya había sido declarada de “interés cultural” por la Legislatura en el año 2010”.
Contacto:
Graciela Degano, de Vecinos Autoconvocados contra la CARE y el CEAMSE de González Catán, Buenos Aires: “El relleno sanitario de González Catán es gestionado por el CEAMSE desde hace 33 años. Debido al mal manejo de la disposición final de residuos ha causado enfermedades sumamente graves. Tenemos casos de lupus púrpura, cáncer en la piel, de colon, de esófago, leucemia, displacia. Todas enfermedades relacionables con la contaminación. Nos organizamos para solicitarle al gobierno nacional la urgente implementación de una política pública seria con respecto a la disposición final de residuos. No aceptamos más los parches provisorios: que cierren un CEAMSE y que abran otro. Los rellenos sanitarios producen, a la larga, consecuencias nefastas. Los rellenos de Catán y Ensenada ya tienen orden judicial de cierre con fecha de diciembre de 2007, pero hasta el día de hoy está incumplida. También por orden del juzgado Nº 3 de Morón de fecha 16 de junio de 2006, se debe entregar en forma gratuita agua potable a los barrios en riesgo: San Enrique, Las Marías y Micol, entre otros aledaños al CEAMSE Catán. Orden que tampoco se cumple al día de hoy. El agua está contaminada con cromo, plomo y arsénico, superando el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud”.
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Mariana , de la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas (APATA), de San Luis: “Una de las problemáticas de San Luis es la presencia de la minera Pinsapo Ecogold, en el pueblo Carolinas, donde se encuentran todas las nacientes de los ríos. Nosotros estamos pidiendo que se declare ese lugar como reserva libre de minería. Esta minera tiene antecedentes y denuncias por tráfico de armas en Europa. Estuvieron ofreciendo plata en las elecciones. Venimos a pedir que se reglamente la ley en San Luis, porque hay una ley que prohíbe la minería química, pero no está reglamentada. Otro tema delicado es el de los campesinos del Valle de Conlara, con las fumigaciones. Esto es lo que venimos a visibilizar al encuentro, además de tejer redes con otras asambleas de todo el país”.
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María Teresa Caña, de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, pertenecientes a las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura: “La lucha por el agua en Mendoza surge a partir de los primeros cateos y proyectos megamineros que aparecen hace seis años atrás. Ahí se empiezan a generar las primeras asambleas en el interior de la provincia, como en General Alvear y San Carlos. Vecinos que se movilizan a favor de una ley que no permita el uso de sustancias tóxicas en la megaminería. Fue así como en Mendoza, por presión de las asambleas, surgimos nosotros: como grupo de apoyo para cuando se movilizaban hacia la capital provincial”.
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María Luisa, de Vecinos Autoconvocados de Ezeiza, Barrio Alto de Tristán Suárez, Santa Marta, San Javier, Barrio del Plata, Barrio el Trébol y La Unión: “Nos convocamos espontáneamente porque nos enteramos que estaban poniendo, en medio de nuestros barrios, un centro de distribución de soda cáustica. Desde el primer momento en que empezamos a pedir cuentas, se acercó un secretario de la intendencia y nos dijo que era mentira y que no teníamos noción de lo que se iba a poner, que no era así. Seguimos investigando y era peor: además de manejar soda cáustica, va a procesar 99 productos químicos más. También tenemos problemas con el agua: Greenpeace comprobó que hay uranio. Hay gente que se enferma de cáncer, otras con enfermedades de piel. Seguimos todas las instancias legales que corresponden: hay una medida cautelar emitida por el juez Federal Armella y la empresa está suspendida por el OPDS, pero aún así están trabajando.”
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Martín Farina, integrante del colectivo ecológico Unidos por Laguna deRocha: “Es una reserva histórica del sur del conurbano bonaerense, que fue afectada por diversos proyectos inmobiliarios e industriales y que tiene el honor de ser tierra de Querandíes y sitio arqueológico. Nos centramos en tres tipos de actividades: una directa sobre el humedal, para que la gente lo conozca organizando visitas guiadas; otra de corte más social y político, realizando volanteadas, eventos para que la sociedad se entere de cuál es la problemática no sólo del lugar y también organizamos festividades con los pueblo originarios, para que no se pierda esa memoria cultural”.
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Pablo Domínguez, de la Asamblea Ciudadana en Defensa del Médano Costero, Villa Gesell, Buenos Aires: “La playa para nosotros es la fábrica, la fuente de trabajo. Ahora enfrentamos un deterioro alarmante, de la pérdida, de erosión, con caída de construcciones y salinización del acuífero. Esto se produce por varios factores: el cambio climático, el ascenso del mar y el mal manejo de la costa que se ha hecho en los municipios y permitió robo de arenas, desagües pluviales, construcciones demasiado cerca de la costa. Arrasaron con el médano costero. Toda esa problemática de mal manejo ha hecho que estemos perdiendo la playa que es nuestra fuente principal de trabajo. Desde la asamblea hemos logrado parar una obra desde hace un año y medio de 30 millones de dólares, que pretendía arrasar con un hermoso médano de 400 metros de largo, ubicado en el frente costero de Villa Gesell. Estamos teniendo un gran apoyo de la población. Nos reunimos en el médano de la 310, todos los miércoles a las 17 horas”.
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Titina Romero, de la Asamblea Giardino Despierta, Córdoba: “Nosotros estamos viviendo en una zona donde quieren explotar uranio. Nos organizamos para defender la Ley 9526, que es una ley en contra de la minería a cielo abierto. La Comisión Nacional de Energía Atómica y los sectores pro mineros quieren declarar inconstitucional a la ley. Nuestra zona es totalmente turística, pero está sobre una cantera de uranio, por lo que estamos realmente en peligro. Otra de las luchas es contra emprendimientos inmobiliarios, ya comenzaron a construir un hotel cinco estrellas en Giardino, para lo cual construyeron el “camino del cuadrado”. Nosotros advertimos que iba a haber problemas, presentamos un recurso de amparo para pararlo. Siguieron adelante y el camino se empezó a desmoronar. Otro tema es el de los megabasurales: quieren instalarlos en Pampa de Ola, en Tres Campanas, que es un lugar mágico, maravilloso y limpio. El gobernador saliente ya entregó 11 millones de pesos para comenzarlo”.
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Marina, Unidos por el Río, Vicente López, Buenos Aires: “Venimos a presentar nuestra lucha, que es una lucha socioambiental, sobre todo territorial, contra el mismo sistema que mata a unos y deja sin espacios verdes a otros. Sobretodo la lucha es contra la forma en que se toma la decisión, porque los vecinos en su mayoría no están de acuerdo con los negocios que hace el intendente con 3 ó 4 empresarios, para destinar hectáreas y hectáreas a torres de lujo y shoppings, sin hacer un estudio de impacto ambiental, ni una consulta ciudadana, que todavía seguimos reclamando. También criticamos el porqué de esa política pública. Necesitamos viviendas en Vicente López, hay mucho déficit, pero no ese tipo de vivienda para el público ABC1. No creemos que el consumo tenga que mediar nuestro modo de vida, nuestro disfrute del espacio. Tratan de imponernos por la fuerza que para estar al lado del río tenés que tener plata. Se vuelve todo más restrictivo yla costa de Vicente López no la usamos sólo nosotros, la usan gente de todas las zonas. Nos reunimos todos los miércoles a las 20, en la Biblioteca Popular Sudestada, en Aristóbulo del Valle 1631”.
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Roberto, del Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López e integrante de Médicos de Pueblos Fumigados: “En este momento estamos tratando de frenar las fumigaciones en las vías de los trenes. Hace dos años que se votó una ordenanza que prohíbe las fumigaciones en Vicente López, pero lo que aleganes que como la vía es de jurisdicción nacional, allí no tienen poder de policía, a pesar de la gravedad que significa esto. Por lo pronto, hay un fiscal que está iniciando una causa penal contra las fumigadoras. También tratamos de que no se desmantele y vacíe el geriátrico municipal: el año pasado lo querían reducirlo de 90 a 30 camas y logramos, a través de la lucha con los compañeros del geriátrico y vecinos, que se mantengan las 90. También tratamos de recuperar el hospital, que está sufriendo cierto vaciamiento. Nos reunimos en el Centro Cultural La Galpona, ubicado en Grecia y Agustín Álvarez, todos los jueves de 20 a 22”.
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Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear del Chubut MACH:“El Movimiento nace en 1986 cuando quisieron imponernos un basurero nuclear en Chubut. Logramos ordenanzas en toda la Patagonia que declaraban territorio no nuclear, la primera fue en El Bolsón. Inclusive Santa Fe se plegó y se declaró libre de traslado y tránsito de residuos radioactivos. En el 96 logramos una ley, que hoy es nacional, que determina que para llevar a cabo una instalación nuclear relevante en el país, debe ser consultada la Autoridad Regulatoria Nuclear –autoridad que es fruto de nuestra lucha- y también consultar a la provincia. Hace poco organizamos una marcha a Zárate para instalar un debate: no hay central atómica que no haya tenido escapes radioactivos. Después de lo de Fukushima quedó más visible, que ya no era Chernobyl solamente, que ya no dependía de un error humano solamente, sin embargo no es un tema de discusión entre nosotros si queremos o no sostener este tipo de peligro”.
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Pilar, de la Asamblea Delta y Río de la Plata: “Vecinos de la Isla y del continente de Tigre comenzamos a movilizarnos porque la contaminación nos estaba llegando a la isla a través del río Reconquista, que es el segundo río más contaminado de Argentina, después del Riachuelo. Ahora la asamblea está destinada a generar un plan de protección para el Delta, que es un ecosistema de humedales que purifica el aire y la tierra y, a la vez funciona como una intefaz entre la ciudad y el río, como un colchón de tierra que absorbe y amaina la inundación antes de que llegue a la ciudad, además de que es una reserva de agua dulce y de diversidad. La asamblea está focalizada en proteger el Delta que está siendo arrasado por proyectos inmobiliarios y contaminación”.
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Sofía, del Centro Cultural y Comunitario Casa Puente de la primera sección del Delta del Tigre: “Es un espacio abierto, horizontal y autogestionado que brinda actividades culturales para los vecinos. También es un espacio de reunión en torno a las diferentes problemáticas que afectan la isla. Como el Delta se puso de moda se está empezando a valorizar la tierra y hay problemas con la gente que está viviendo en el lugar desde siempre. Un ejemplo: la Municipalidad empezó a cobrar alumbrado, barrido y limpieza, pero el servicio no existe y hay problemas cuando el río crece porque toda la gente deja la basura en el muelle y el agua se la lleva. Nos une con la asamblea el conflicto de Colony Park, un proyecto de country que desalojó a familias de isleños y también afecta la producción local de juncos. Vivimos en el humedal del Delta, uno de los más grandes que queda en el mundo. La lucha y la defensa ambiental tiene que ver con un modo de vida isleño que es una forma de vida rural que nos motiva a varios a vivir ahí: eso también es parte del espacio y la conciencia ecológica y ambiental”.
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Pedro Moreira, de la biblioteca Intihuasi de San Miguel, que integra el Movimiento en Defensa de la Pacha: “Intentamos frenar el desastre en Punta Querandí, donde grandes empresas inmobiliarias con el afán de ganar dinero, no les importa generar desastres. En particular defendemos un sitio arqueológico de más de mil años y una zona de humedales que tienen un papel importante en la biodiversidad”.
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María, de Vecinos Autoconvocados en lucha de Bahía Blanca: “Venimos a mostrar el problema terrible que tenemos en Bahía Blanca de contaminación urbana-ambiental. Nuestra última lucha fue en la audiencia pública contra el dragado, un dragado que significa la ampliación del Polo Petroquímico, un dragado para que entren los buques regasificadores para abastecer a las multinacionales del agronegocio. Sabemos que después del dragado se viene una termoeléctrica, una aceitera, la planta de biocombustibles. A eso le sumamos toda la problemática de contaminación que ya tenemos. Es todo un paquete, un modelo económico, una matriz energética que hace que nuestra ciudad sea parte de ese modelo de producción de forrajes para biocombustibles, de saqueo, de contaminación. Nuestro puerto, que en otras épocas ha sido un puerto de granos, con variedad de frutas, vinos, peces, cereales, hoy es prácticamente sojero agroexportador y nos resistimos a ello. Estamos en una crisis hídrica y por ley, las empresas tienen prioridad en el consumo de agua. Nuestra fuente alternativa de agua es el Río Colorado que está próximamente a ser atacado por la multinacional Río Tinto que va a salinizarlo.”
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Yanina, de la Asamblea No a la entrega de la Costa de Quilmes –Avellaneda: “Nos organizamos para defender el espacio de bosque de la ribera de Bernal, que está declarado reserva natural y parque ecológico por una ordenanza municipal del año 2003 y que constituye un ecosistema de una biodiversidad única. Está en peligro por un megaemprendimiento inmobiliario llamado Nueva Costa del Plata, de la multinacional Techint. El proyecto es similar al que está en la zona de Puerto Madero Sur. Tienen el apoyo del municipio de Avellaneda, que ya votó la ordenanza de rezonificación en 2008, y en Quilmes todavía está en discusión. Nos reunimos todos los domingos en la ribera de Bernal, entre la autopista Buenos Aires –La Plata y la Costa, en la placita Villa Luján.”
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Sol y Salomé, del colectivo urbano Semillas de Rebelión, de Rosario, que forma parte de la campaña Paren de Fumigar: “Nos organizamos en torno a la problemática de los agronegocios, que son parte de un mismo modelo productivo donde todas las problemáticas ambientales de alguna forma se van entrelazando. En nuestra zona lo que más nos afecta es la soja. En Rosario hemos creado, junto a otras organizaciones, el Espacio por la Biodiversidad. El desafío es desnaturalizar estos temas y visibilizarlos, concienciar y articular con las personas que viven en las zonas rurales afecatadas, conectar las luchas y resistir en forma conjunta. Nos juntamos cada 15 días en el Centro Cultural La Toma, que es un espacio recuperado por sus trabajadores”.
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Oscar, delgado del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, Ledesma, Jujuy: “Somos una organización de pobladores de base que trabajamos en la promoción y defensa de los derechos humanos. No pertenecemos a ningún círculo oficial ni a ningún partido político. Hay una larga historia de atropellos, en especial del Ingenio Ledesma, y esa impunidad que sigue presente hasta el día de hoy. Confluyen dos modelos de saqueo: el agronegocio de la soja transgénica en el norte de Salta y parte de Jujuy y los ingenios azucareros.”
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Marcos Pastrana, comunero del pueblo diaguita-calchaquí de las comunidades indígenas de Tafí del Valle: “La problemática fundamental en la defensa del territorio es que, al diluirse el uso y tenencia de la tierra de las comunidades indígenas y campesinas del noroeste argentino, también hemos perdido la autonomía, la libertad. Por la influencia de la megaminería, los megaemprendimientos turísticos, la soja y un montón de empresas multinacionales que están actuando. El denominador común son funcionarios electivos o de gobierno que abren la tranquera para el saqueo, la contaminación y el avasallamiento de nuestro pueblo”.
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Fuente: lavaca.org