29 jul 2010
CARTA ABIERTA DE VECINOS POR LA SALUD Y LA VIDA
Julio de 2010.
Vecinos del “Cordón Industrial” nos hemos convocado por el profundo dolor que sentimos ante los recurrentes casos de muerte por leucemia en niños y adolescentes acaecidos en los últimos seis meses, sumado esto a otras muertes y enfermedades que desde hace años venimos padeciendo los habitantes de este cordón. Y es justamente ese dolor el que nos lleva a concientizarnos, en medio de los problemas cotidianos, en el hecho que vivimos, trabajamos y desarrollamos nuestras vidas en un medio donde la contaminación ha modificado y alterado nuestra calidad de vida.
Apelando a lo establecido por el Art. 41 de nuestra Constitución Nacional según el cual “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano (…)” solicitamos en nuestro doble carácter de habitantes y ciudadanos que:
Se disponga a la brevedad los medios necesarios para realizar de manera urgente un relevamiento de enfermedades y afecciones, buscando indicadores biológicos que pueden favorecer diagnósticos tempranos, identificación de grupos de riesgo y pautar medidas preventivas.
Se desarrolle de manera urgente un relevamiento de todas las sustancias contaminantes acopiadas, producidas, en tránsito y/o emanadas por las empresas instaladas, con el correspondiente estudio de impacto ambiental acumulado.
Los abajo firmantes, vecinos del Cordón Industrial, estamos dispuestos a colaborar en lo que fuera necesario para lograr las investigaciones y relevamientos solicitados en solidaridad con familiares, amigos y en memoria de Jorgelina (17), Yamila (13) y Valentina (9) entre otros.
Nombre y Apellido Doc. Identidad Dirección Firma
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Petitoro "¡Paren de Fumigarnos!"
A fines del 2009 la justicia de Santa Fe dictó un fallo prohibiendo las fumigaciones con todo tipo de agroquímicos (que provocan contaminación del suelo y el agua ocasionando alergias, problemas respiratorios, malformaciones, abortos espontáneos y cáncer) en cercanías de zonas urbanas de San Jorge. Fueron los vecinos organizados de ese lugar quienes lucharon para lograr que no se fumigue por tierra menos de 800mts y por aire a menos de 1500 metros del éjido urbano. Esos mismos vecinos, que sufrieron trastornos en su salud causados por estos herbicidas dañinos, conjuntamente con otras organizaciones que defendemos "los bienes comunes", nos manifestamos exigiendo en un petitorio al Gobernador Binner que dicho fallo se extienda al resto de la provincia.
Nos expresamos en contra de este modelo agroexportador de contaminación y saqueo, y somos concientes de que el pedido que realizamos es al menos una medida inicial que puede ser favorable en la inmediatez, pero sabemos que una solución integral reside en un cambio estructural y rotundo en el sistema productivo.
Por la Biodiversidad. En defensa de la soberanía alimentaria.
Basta de Saqueo y contaminación.
Semillas de Rebelión, Socialismo Libertario, Foro
por la soberanía alimentaria Rosario, El Grito de la Tierra del Barrio
Malvinas, Arte Tierra Huella, ONG Conciencia Solidaria,
Caramelos Sueltos, Frente Popular Darío Santillán.
“¡PAREN DE FUMIGARNOS!” Hoja Nº ___ Firmas___
Los abajo firmantes, vecinos de la comunidad en general, nos encontramos preocupados por las graves consecuencias que provocan las fumigaciones con agroquímicos y consideramos necesario que se tome una medida que, amparada en el principio precautorio frente a la posibilidad de daño irremediable, enmiende a corto plazo los problemas de contaminación, pérdida de la biodiversidad, distintos tipos de enfermedades, exclusión social, concentración de capitales, alimentos más caros y hambre; ya que una solución integral requiere un cambio en el modelo productivo.
CONSIDERANDO el fallo de fecha 09 de diciembre de 2009 emitido por la CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE que confirmó lo dispuesto por el juez Tristán Martínez del juzgado de primera instancia Civil, Comercial y Laboral N° 12 de la ciudad de San Jorge que prohíbe las fumigaciones terrestres a no menos de 800 metros y aéreas a no menos de 1500 metros en dicha ciudad con plaguicidas.
TENIENDO EN CUENTA que ya existen investigaciones científicas publicadas tanto por la Universidad Nacional del Litoral, como por otras instituciones nacionales e internacionales que demostraron que el glifosato y otros plaguicidas producen daños irreparables a la salud, como cáncer, diabetes, afecciones respiratorias, malformaciones y abortos espontáneos:
EXIGIMOS al Señor Gobernador Hermes Binner que se extienda el principio precautorio y se tome como medida de urgencia, la prohibición de fumigar a una distancia no menor de 1500 mts. en forma aérea y de 800 mts. en forma terrestre a partir del límite de los ejidos urbanos en todo el territorio de la Provincia de Santa Fe.
Nombre y Apellido Tipo y Nº de Doc. Firma
Un freno a los agroquímicos
La Justicia de Santa Fe dejó firme la prohibición de utilizar glifosato, el pilar fundamental de la producción sojera, en cercanías de zonas urbanas. El fallo marca jurisprudencia, invierte el cargo de la prueba y exige nuevos estudios a la provincia.
Por Darío Aranda, en página 12, 15 de marzo 2010.
La Justicia de Santa Fe dictó un fallo inédito, con posibles impactos en el modelo agropecuario de la Argentina, al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge, en el oeste provincial. La medida fue decidida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe, que dio otro paso inédito: ordenó que el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Los iniciadores de la causa, vecinos que sufrieron trastornos en la salud por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se extienda a toda la provincia. El glifosato es pilar fundamental del monocultivo de soja.
San Jorge es una ciudad de 25 mil habitantes, ubicada a 144 kilómetros de la capital provincial. Es una zona sojera por excelencia. Durante los últimos quince años creció al abrigo del monocultivo, la zona urbana se extendió y también los campos sembrados. El barrio Urquiza está en el margen del pueblo, es humilde, con viviendas aún sin terminar y fue durante una década lindero a campos de soja. Desde la casa de Viviana Peralta se ve el campo, y también los aviones fumigadores. Ella fue una de las impulsoras de la denuncia inicial, luego de que su hija Ailén, de sólo dos años, sufriera ahogos, intoxicación y un desmayo después de una fumigación.
En marzo de 2009, el juez Tristán Martínez –del Juzgado Civil, Comercial y Laboral Nº 11– hizo lugar a un amparo y ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en adyacencias de la zona urbana de la ciudad, hasta que el Concejo Deliberante y el municipio se hicieran eco de la ley 11.273 (sancionada en 1995) y determinaran qué zonas pueden ser rociadas con agroquímicos.
Los productores, la Municipalidad y el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, apelaron la medida. Los tres jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial de Santa Fe (Armando Drago, Enrique Müller y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire) confirmaron el fallo de primera instancia: prohibición total de fumigar con agroquímicos a menos de 800 metros de viviendas familiares (si el método utilizado es terrestre) y a 1500 metros (si la aspersión es mediante avionetas).
El inédito fallo, unánime, fue dictado en diciembre pasado, pero recién se conoció ahora. “Lo llamado a decidir (la prohibición) se desarrolla en un contexto difícil en donde juegan controversias científicas, intereses económicos, presiones y contrapresiones de orden político y empresario, riesgos reconocidos socialmente (...) que tienen la propiedad de transformar lo apolítico en político, desinformación interesada, descoordinación en la gestión pública, insolidaridad con los posibles afectados”, advierte la Justicia.
En las centenares de denuncias por contaminación e intoxicación, los afectados chocan en la Justicia con un pedido de difícil cumplimiento: son los mismos perjudicados (indígenas, campesinos y humildes habitantes periurbanos) quienes deben probar científicamente que los agroquímicos son perjudiciales.
La apelación del gobierno de Santa Fe se dirigió a ese punto débil. La provincia argumentó que la denuncia original (la acción de amparo) era inadecuada porque, antes de cualquier prohibición, se debía dar un debate amplio con demostraciones científicas que certifiquen los perjuicios sobre la salud y el ambiente. Pero la Justicia rechazó ese camino. “Me permito señalar enfáticamente que la cuestión no requiere de mayor amplitud en cuanto a ‘debate y prueba’. Se discute sobre actos que atentan contra el medio ambiente, repercutiendo de manera directa en la salud de los vecinos de la ciudad de San Jorge, lo que importa que existe un factor de urgencia que (debe) ser atendido”, sentenció la Cámara de Apelaciones.
Y, por primera vez en casos de agroquímicos, invirtió la carga de la prueba. No solicitó a las familias afectadas que probaran los males de los agroquímicos. Ordenó que el gobierno provincial, mediante el Ministerio de Producción, realice estudios junto a la Universidad Nacional del Litoral (UNL). En el término de seis meses deberá probar que los agroquímicos no afectan la salud y el ambiente. El juez de primera instancia Tristán Martínez recibió nuevamente la causa recién la semana pasada. Lo antes posible debe notificar a la provincia y la UNL. Cuando se cumpla el plazo de seis meses, el juez Martínez deberá decidir –estudio en mano– si revierte la medida, la mantiene o la profundiza.
El otro aspecto inédito del fallo es el uso del principio precautorio en lo que respecta a agroquímicos. La Ley Nacional del Ambiente define al principio precautorio en su artículo cuatro: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”. La Cámara de Apelaciones de Santa Fe lo utiliza como una de las bases de su fallo, enumera siete casos en los que fue implementado, destaca que se justifica su utilización cuando haya “falta de certidumbre científica y amenazada de daño al ambiente o la salud humana”, y toma como antecedente lo actuado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máximo tribunal del país, en el freno a los desmontes en Salta (diciembre de 2008).
La Justicia de Santa Fe afirmó que la limitación en el uso del glifosato para la ciudad de San Jorge se fundamenta en “la incertidumbre científica acerca de los riesgos ambientales, la incidencia de la alteración seria del medio ambiente y la irreversibilidad que pueden provocar tales daños”, y explica que su medida se entiende en razón de “evitar un daño futuro, pero relativamente cierto y mensurable”. El fallo también se mete de lleno en la práctica común judicial: llama a fiscales y jueces que “repiensen que los avances tecnológicos no son poderes que se legitiman a sí mismos”.
En la sentencia, los tres jueces advierten que intervienen intereses sectoriales que no buscan identificar los riesgos reales sino defender sus propios roles en la cadena de agronegocios. Señala que los fumigadores sostienen que las contaminaciones se deben al mal uso (un argumento recurrente de las cámaras empresarias), advierte que las compañías productoras de agroquímicos “sostienen la atoxicidad con estudios encargadas por ellas mismas”, el Estado “pregona su preocupación por el medio ambiente, pero olvida que la mejor manera de comprometerse en el tema es efectuando los debidos controles” y evidencia la falta de solidaridad de los chacareros: “Sostienen que si los productos que aplican se encuentran autorizados, nadie puede endilgar acción antijurídica alguna, por lo que no puede impedírseles trabajar y producir”.
“Lo que se muestra claro es que las posiciones divergentes antes de disiparnos las dudas de utilización de los agroquímicos, sobre todo en zonas urbanas, las acrecientan porque todos conocen los potenciales riesgos de su utilización (...), la preeminencia no la tienen los intereses sectoriales de nadie sino que, por el contrario, la preeminencia está del lado de la salud pública y del medio ambiente”, sentenció la Justicia de Santa Fe y afirmó: “Frente a la existencia de la duda relevante, la aplicación del principio precautorio deviene ineludible, porque la sola existencia de los niños afectados (...) así lo determinan”.
El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), organización impulsora de la denuncia inicial, ya anunció que solicitará que la limitación del uso de glifosato se amplíe a toda la provincia. “La Justicia protegió a los habitantes de San Jorge hasta que se demuestre la supuesta inocuidad. Pedimos que se proteja al resto de los santafesinos. Si eso no sucede, habrá ciudadanos de primera, protegidos del uso de agroquímicos, y el resto de la provincia estará expuesto a químicos que están sospechados de afectar la salud y el ambiente.”
El Cepronat, que integra la campaña nacional “Paren de fumigar” –donde confluyen decenas de organizaciones sociales y pueblos fumigados–, instó a que el gobernador Hermes Binner escuchara el fallo judicial y extendiera la limitación para las fumigaciones. “Ante todo, el gobernador es médico, entiende que la salud debe anteceder a las actividades productivas”, afirmó Carlos Manessi, del Cepronat.
Este diario intentó dialogar con el gobernador, pero su vocero explicó que no hablará del tema y derivó las preguntas al Ministerio de Producción. Desde la cartera informaron que los funcionarios no harán declaraciones públicas hasta tanto no sean notificados por la Justicia.
Binner se graduó en Medicina en 1970, en la Universidad de Rosario. Entre otras especializaciones, según su curriculum vitae, focalizó su profesión en “salud pública”, que es un concepto social y político que (según la misma definición médica) está destinado a “mejorar la salud y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de salud, la prevención de enfermedades y la armonía con el ambiente”.
28 jul 2010
La republiqueta sojera: radiografía de un modelo violento
Publicado por Lavaca, 17 de junio de 2008.
Repúblicas Unidas de la Soja es un libro editado por el Grupo de Reflexión Rural a finales de 2007, donde se describe el modelo y su inevitable crisis. Es un aporte fundamental para comprender a nuevos actores del poder económico, sus métodos y objetivos. “La soja no es un mero cultivo, es un sistema que condiciona cualquier política” advierte en la introducción Javiera Rulli, compiladora de los artículos que conforman el libro. Es, también, la que describe didácticamente los alcances de esta nueva forma de ocupación territorial, que condiciona las democracias latinoamericanas. “Los agronegocios y las industrias extractivas constituyen el eje estructural y el origen de los principales conflictos sociales y ambientales en la región sudamericana”, puntaliza Rulli. Ahora también sabemos que a esta lista hay que sumarle los conflictos políticos, que vuelven aun más urgente el llamado que la autora realiza: “Necesitamos hallar los elementos intelectuales que nos permitan visualizar y enfrentar esas nuevas situaciones neocoloniales, poder repensar las relaciones de la ciudad y el campo en épocas de globalización.” Para que así, es quizá útil y necesario identificar el problema en su real dimensión. Aquí, una síntesis y el libro completo, en formato pdf. El sistema La soja no es un mero cultivo, la soja es un sistema que condiciona cualquier política. El sistema de la soja es, por lo tanto, la cota ciega sobre la que transcurre la confrontación establecida entre progresismo y neoliberalismo, entre soberanía nacional y globalización, entre hallar el propio destino y la subordinación a un destino colonial. Este sistema se define por políticas agrarias diseñadas para un país, desde remotas oficinas que no pueden evitar -más allá de sus buenas o malas intenciones- la tragedia de que esas políticas desvirtúen las democracias de los países a los que van destinadas. Las nuevas corporaciones Los agronegocios son uno de los principales núcleos de poder de las corporaciones que dominan el Cono Sur. Dividen a la región en 3 modelos de monocultivos: producción de oleaginosas, árboles para celulosa, y caña para azúcar y etanol. Estas corporaciones comparten el territorio con las transnacionales mineras y petroleras. Actualmente, en la nueva era de la “Bioenergía”, estos diferentes sectores económicos se están fusionando para generar megaoligopolios. Así, desde el agro se está desarrollando una estrategia regional y un proyecto de integración corporativa. La dominación territorial se expresa a través de la expansión de los monocultivos y la culminación de las vías logísticas de escurrimiento hacia los puertos al exterior. Las actividades de los “agronegocios” y las industrias extractivas constituyen el eje estructural y el origen de los principales conflictos sociales y ambientales en la región sudamericana. Republiquetas sojeras La soja es un monocultivo, que en la actualidad, se extiende por todo el Cono Sur desplazando a la población rural, devastando las áreas de bosques y pastizales y debilitando las bases de la producción alimentaria de cada país. Los países sojeros se convierten en meras republiquetas sojeras, donde la población se aglutina en las ciudades con planes asistenciales, dependientes de las regalías de la exportación de la soja. Cultivo geopolítico La soja es una planta que proviene de Asia, destinada a la alimentación humana después de un proceso de fermentación (tofu). Sin embargo, desde el comienzo de la revolución verde, el cultivo de la soja pasa a ser forraje, y sustituto de las proteínas en la dieta humana, además de ser utilizado como parte de una estrategia geopolítica de ocupación del territorio. Breve historia de la invasión En Sudamérica, este cultivo empezó como leguminosa con el fin de enriquecer la tierra con nitrógeno para ser implementada en el ciclo de rotación de cultivos, pero se convirtió paulatinamente en la gran estrella de la monocultura del modelo agroexportador. La soja se extiende desde los ‘60 en Brasil, Argentina y Paraguay. En Argentina, se expande masivamente en los años 80, acabando con el sistema de rotación entre ganadería y agricultura, instalando la agricultura permanente. A mediados de los 90 el modelo de la soja trasciende a una nueva fase con la incorporación de la biotecnología y el gran evento: la soja resistente al herbicida Roundup, creada por la Monsanto. Este fenómeno gatilla un crecimiento exponencial de la superficie destinada al monocultivo gracias a los bajos costos de producción y las altas tasas de ganancia. En Argentina, en el último ciclo 2006/2007 se obtuvo un volumen récord de cosecha de 47,5 millones de toneladas, alcanzando 16 millones de has cultivadas, lo que representa más del 50 % de la superficie agrícola. El nuevo modelo Para entender el modelo de la soja, se debe aclarar que ya no estamos hablando de una agricultura tradicional que emplea escalas moderadas de superficie, abastece al mercado nacional y es una fuente de trabajo. Este modelo supone una agricultura sin agricultores, una agroindustria que consiste en la commoditizacion y primarización de la producción agrícola e implica la industrialización y el empoderamiento del sector por los agronegocios y la (re)estructuración de la dinámica productiva local/ regional. Finalmente, no se puede ignorar que el modelo agroexportador de la soja es una consecuencia inherente de los procesos de integración y globalización económica. Desde las dictaduras de los años 70 en el Cono Sur, se reordenaron los poderes económicos en el territorio, para que posteriormente, en democracia, las instituciones financieras internacionales pudieran diseñar programas económicos con objetivos geopolíticos. En la actualidad, las instituciones financieras y la banca internacional inyectan y especulan con los capitales desde sus diversas caras. Por un lado, la banca multilateral financia la construcción de la infraestructura que soporte al modelo agroexportador -tales como la hidrovía y todo el complejo del IIRSA, que consiste en autopistas, ductos, telecomunicación, puertos, etc.- y que finalmente se traducirá en mayores niveles de deuda externa. Por otra parte, las caras privadas de las instituciones financieras internacionales y la banca privada se dedican a inyectar dinero al sector industrial y de agronegocios promoviendo la expansión de la frontera agropecuaria. En la zafra del 2003/04 cuando los monocultivos de soja se extendían por 14,2 millones de ha, el 60% de la tierra estaba en manos de pooles de siembra o empresas similares. Cómo funciona El modelo de la soja consiste en un paquete biotecnológico compuesto por la semilla trangénica de soja RR (Roundup Ready), plaguicidas - principalmente los herbicidas a base de glifosato- y la técnica de siembra directa. Este paquete es indivisible, dado que estos 3 componentes son los que permiten la industrialización de la agricultura, la implementación de grandes superficies de monocultivos y la ventaja de mínima mano de obra. Se trata de una agricultura sin agricultores. En la Argentina actual, con tecnología de punta, para 1000 has solo se requieren 2 personas trabajando por año. Pero la necesidad de poseer capital, recursos económicos para poder adquirir insumos y solventar la maquinaria necesaria, hacen que la soja se vuelva sólo rentable a grandes escalas y esto genera un proceso violento en el que va desapareciendo el pequeño productor. El productor remanente se convierte en un personaje dependiente de pagar los créditos adquiridos y vive calculando lo que necesitará en insumos hasta la cosecha; depende pues completamente de los créditos y los adelantos que le otorgan los silos y las financieras. Es una carrera contra el tiempo para que este productor mediano desaparezca. La lógica subyace siempre en la obligación de expandirse continuamente para poder mantenerse competitivo. La cara visible Con el modelo de la soja se inauguran nuevos grupos económicos; la agricultura se vuelve un de los grupos inversionistas especulativos, tales como el grupo Los Grobo de la familia Grobocopatel en Argentina y el Grupo Favero S. A. en Paraguay. Estas son las caras más visibles, los llamados “reyes de la soja, de grandes grupos inversores que alquilan tierras en múltiples lugares, y ni siquiera recurren a comprar los terrenos porque sus proyecciones son “máximo rendimiento a corto plazo”, una especie de maquila agrícola. Según Grobocopatel él se considera el Sin Tierra más grande del mundo y plantea que la biotecnología ha democratizado la agricultura, porque ahora todos pueden dedicarse a la agricultura, solo se requiere tener capital. Así también se da la entrada masiva de capital extranjero, en Argentina el fenómeno de extranjerización de la tierra afecta el 17% de la superficie. También se produce este mismo fenómeno de forma oculta cuando se establecen empresas manejadas por locales, pero con capital extranjero. La cara oculta Detrás de la soja, uno encuentra grupos anónimos de inversiones donde especulan con fondos de pensión, participan grupos de inversores que combinan los sectores de comunicación, ganadería y otros. Así se conforman los “pooles de siembra” donde se integran contratistas rurales, empresas de agroquímicos, inversores (nacionales y extranjeros) para llevar a cabo producción agropecuaria. Estos grupos de inversión son los actores más violentos en la penetración de las nuevas áreas. Se trata más bien de mercenarios empresariales con manejos de matones, una especie de “Chicago boys” mezclado con estilos de la “pesada” de la dictadura. Estos personajes, por apropiarse del terreno, en muchos casos no ponen límites en cuanto a la corrupción, violencia y destrucción ambiental. Este sector es la punta de lanza asociada con los silos transnacionales. Los gigantes de la exportación La soja es exportada finalmente por unos pocos actores económicos. El mercado internacional está regido por un puñado de Corporaciones de las grandes graneleras -Cargill, ADM y Bunge - se han repartido el territorio del Cono Sur. Los protagonistas de este sector son las corporaciones de cerealeras que actúan como “gigantes invisibles” que controlan todo el mercado alimentario. La integración vertical de estas corporaciones les permite dirigir íntegramente el desarrollo de la agricultura a través del control total de los productores, convirtiendo a éstos en meros eslabones de una cadena de producción industrial. Con el surgimiento del mercado de agrocombustibles, el futuro de la producción agrícola se torna aún más lúgubre. El desafío Los agronegocios ocupan el territorio y condenan a la población a migrar, sea a la pobreza de los márgenes de las ciudades o a los trabajos precarios. Necesitamos hallar los elementos intelectuales que nos permitan visualizar y enfrentar esas nuevas situaciones neocoloniales, poder repensar las relaciones de la ciudad y el campo en épocas de globalización. En este marco de violencia no hay mesa de diálogo posible, ni responsabilidad social empresarial, que solo pretende mitigar los impactos y desarrollar políticas asistencialistas.
Repúblicas unidas de la soja
editado por el Grupo de Reflexión Rural
Compilación a cargo de Javiera Rulli.
Contra "Los trenes de la muerte"
El sábado 8 de mayo, en el día de la minería, se realizó en Puerto General San Martín, ubicada en el Cordón industrial del Gran Rosario, una actividad en contra de la megaminería contaminante. La actividad se realizó en solidaridad con los vecinos de la asamblea “El Algarrobo” de Andalgalá, en repudio al saqueo de los recursos naturales estratégicos en manos de empresas multinacionales, y en denuncia por los efectos devastadores que genera este tipo de actividad extractiva sobre el medio ambiente, y los impactos sociales que genera.
Puerto San Martín, es una localidad muy particular, porque allí arriban los “trenes de la muerte”, donde desembarcan y se llevan los metales extraídos de la cordillera; dejándonos únicamente contaminación.
¡En Andalgalá no pasarán!
Marzo 2010
El pueblo de Andalgalá se encuentra actualmente en pie de lucha contra la instalación y construcción en curso de un nuevo proyecto minero al norte de la ciudad, cínicamente denominado mina de “Agua Rica”. Se trata de un proyecto que viene a continuar la política de saqueo y contaminación que estas industrias, con la colaboración y complicidad de los gobiernos local y nacional, vienen desarrollando desde hace años a costa de la vida de sus habitantes. Los vecinos y vecinas, autoconvocados en la Asamblea El Algarrobo, vienen enfrentando a la minería a cielo abierto y este último tiempo han protagonizado un proceso de lucha contra este y otros proyectos que amenazan su salud, su tierra y su propia permanencia en el pueblo. Han salido masivamente a las calles y llevado adelante una pueblada con grandes implicancias sociales y políticas.
Un poco de historia: el caso de Mina La Alumbrera.
Los andalgalenses ya conocen ampliamente las consecuencias de este tipo de emprendimientos, dado que desde hace trece años funciona allí la ya conocida minera La Alumbrera, tal vez el caso testigo de lo que estos mega-proyectos implican para los que adolecen su vecina instalación. No está de más recordar algunos datos ilustrativos para dimensionar sus repercusiones: se trata de una industria extractiva a gran escala, altamente tecnificada y muy diferente de la tradicional minería, que se emplaza en enormes extensiones de territorio y utiliza, para la extracción de los diferentes minerales (entre ellos, cobre, oro y plata) miles de toneladas de metales pesados y químicos altamente tóxicos como el cianuro. Asimismo, la cantidad de agua que este proceso requiere es terriblemente extravagante: se toman de los acuíferos locales 66 mil litros de agua por minuto, los cuales son, luego del procedimiento, irremediablemente contaminados y devueltos a los piletones o diques que operan de gigantescos basureros mineros y drenan sus desechos a las napas subterráneas.
Las derivaciones de este tipo de mega-proyectos no se hacen esperar, y afectan de manera dramática a las poblaciones que desde hace años viven allí. El uso indiscriminado del agua (la cual, de acuerdo al convenio establecido entre las empresas y los gobiernos, no es pagada por aquéllas) provoca su escasez generalizada en el pueblo, y una contaminación irreversible de los cursos de agua, que genera graves enfermedades entre los habitantes, siendo la más extendida el cáncer.
Existen otros impactos provocados por el accionar de estas empresas, como la destrucción de la geografía y el ecosistema local, con la consecuente pérdida de biodiversidad y la desertificación. Sucede que, durante la extracción, se utilizan cientos de toneladas de explosivos para dinamitar otras tantas toneladas de roca, arrasando con el paisaje y las formaciones naturales de la tierra. Así, va avanzando un panorama de desolación y muerte que destruye el hábitat natural de incontables especies autóctonas y amenaza con la perentoria expulsión y el éxodo masivo de las poblaciones allí ubicadas.
Por otro lado, las empresas, haciendo gala de su pretendida “responsabilidad social empresaria” y su política de “inserción social”, intentan mostrarse como los máximos guardianes de una supuesta “sustentabilidad” a través de un trabajo de divulgación entre los habitantes, que sólo ofrece mezquinas y falsas expectativas de “trabajo”, “progreso” y “producción responsable”. Tras trece años de funcionamiento, La Alumbrera ha significado exactamente todo lo contrario para los pueblos aledaños, siendo hoy en día Andalgalá una de las ciudades más pobres de Catamarca (evidenciado en la crisis financiera del municipio local), sin trabajo digno ni estable para las mayorías y con un creciente deterioro ambiental que repercute directamente sobre las fuentes de sustento de los pobladores y pobladoras.
Resistencia y pueblada contra Agua Rica
Agua Rica es, como adelantábamos, un nuevo proyecto minero de la Yamana Gold Inc. con una extensión tres veces mayor que el de La Alumbrera y que viene siendo resistido desde su anuncio por los habitantes del pueblo y las comunidades originarias diaguitas, quilmeñas y calchaquíes cortando las rutas, bloqueando la entrada y salida de los gigantescos camiones que transportan el mineral en roca, denunciando y concientizando a través de campañas de difusión y accionando por vías legales. La única respuesta que han tenido de los gobiernos locales ha sido la represión más brutal, la persecución y el terror que infunden a través de amenazas y detenciones, violando los derechos humanos más elementales y criminalizando a los y las que luchan por sus derechos a un ambiente sano y una vida digna.
Así fue cuando, recientemente, se anunció el proyecto Pilciao 16, de la minera canadiense Billinton, y que tiene entre sus planes la exploración y posterior explotación de zonas urbanas, con 29 minas proyectadas en plena ciudad. Sí, pretende avanzar con su ambición de saqueo y contaminación sobre zonas pobladas, sobre las viviendas de los propios andalgalenses. La empresa ofrece a los habitantes una serie de indemnizaciones para que se vayan y dejen el pueblo, como nos relataba una compañera de la Asamblea El Algarrobo, el espacio autoconvocado que viene luchando contra la instalación de este proyecto.
Ante este hecho, la resistencia en Andalgalá se tornó masiva y se extendió a ciudades vecinas, como Santa María y Belén. Tras la violenta represión de la policía y la gendarmería durante un corte realizado el 15 de febrero, la movilización se transformó en una pueblada que incluyó el incendio de parte de la municipalidad y el ataque a las oficinas de la Yamana Gold. Frente a la evidente magnitud de la movilización, el gobierno local ha tenido que echarse atrás y suspender las obras “hasta que vuelva la paz social”, como dijo el intendente pro-minero, inclusive llamando a un referéndum.
Sin embargo, la asamblea El Algarrobo no se ha quedado con esto y piensan continuar con la movilización y la lucha desde abajo, hasta que la instalación de la mina se suspenda. Porque, como dicen en un comunicado, “amamos esta tierra, esta ciudad fue construida por nuestros abuelos y la seguimos construyendo, por eso es nuestra, no le pertenece a una empresa minera, ni al gobierno, esta tierra es de nosotros”.
Nicolás Moro
Entrevista a Marcela Moreno de la asamblea "El Algarrobo" de Andalgalá.
Marzo de 2010.
El lunes 15 de Febrero la ciudad de Andalgalá fue testigo de la más cruenta represión por parte de la policía catamarqueña hacia la Asamblea de vecinos autoconvocados “El Algarrobo” que se encontraban cerrándole el paso a la minera “Agua Rica”. Este nuevo proyecto minero al norte de la ciudad viene nuevamente a confirmar la política de saqueo y contaminación del capitalismo (en complicidad con los gobiernos provinciales y nacionales) de la vida y la tierra de nuestros pueblos.
Los vecinos y vecinas, autoconvocados en la Asamblea “El Algarrobo”, vienen enfrentando a la minería a cielo abierto y este último tiempo han protagonizado un proceso de lucha contra este y otros proyectos que amenazan su salud, su tierra y su propia permanencia en la ciudad. En esta oportunidad Semillas de Rebelión junto con Socialismo Libertario (Rosario) tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marcela Moreno, integrante de la Asamblea “El Algarrobo”, en una visita realizada a la ciudad de Rosario.
¿Hace cuanto tiempo que existe la minería a cielo abierto en Catamarca?
Marcela: Hace 12 años que está La Alumbrera y está haciendo cualquier tipo de destrozos, es la que nos está dejando en ruinas.
Y la minera Agua Rica está en lo que es la ciudad de Andalgalá, ¿verdad?
M: Claro en todo Andalgalá, en el cerro La Aconquija, pero todavía no está en funcionamiento porque nosotros lo estamos deteniendo.
¿Cómo es que se le da inicio a su lucha en contra de la minera Agua Rica?
M: La lucha empieza hace como 8 años principalmente por el agua, por un mineroducto que se forma en mi pueblo. Ahí es que me reúno con personas del centro de Andalgalá y empezamos la lucha. Ahí empezamos a investigar de todo lo que era contaminación, que era el mineroducto, y como contaminaba el agua potable.
Desde entonces hicimos muchas cosas, marchas, peleamos, se unió más gente a la lucha. Tuvimos muchas mentiras por parte de las autoridades. Pasamos por muchas cosas: nos decían que éramos terroristas porque asustábamos a los niños. Éramos perseguidos. A los medios la minera le ponía plata. Recibíamos amenazas en el trabajo. Encontramos hasta papelitos donde decían que a nuestros hijos los iban a matar. Peleamos mucho, presentamos muchos papeles.
Paso bastante tiempo hasta que se suma más gente a nuestra lucha. Éramos los “autoconvocados por la vida” porque peleábamos siempre por el agua. Tratamos siempre de viajar, salir a otras provincias y llevar el problema de Andalgalá hacia otros pueblos.
El problema más grande lo tuvimos, cuando en el consejo deliberante de Andalgalá, un concejal se asusta al leer una resolución donde decía que Andalgalá iba a ser vendida, y la gente no sabía nada de que nos querían sacar de allí para venderle las tierras a una empresa extranjera... eso empezó hace como dos meses, desde que empezó el corte a los camiones de la empresa. Cuando el concejal lo ve, se asusta y empieza a llamar a todos los que estábamos en la lucha por la contaminación del agua. Y el primero que se entera es un señor llamado Aldo Flores, que enfrenta a la policía con su bicicleta, empieza a impedir el transito a las empresas en la ruta con una bandera. Allí lo único que encontró para hacer el corte es un algarrobo pequeño, hace el corte y se queda ahí la sombra, de ahí nuestro nombre “Asamblea El Algarrobo”.
Bueno con semejante decisión que el toma, entonces los demás nos adherimos al corte. Bueno y ahora allí tenemos una carpa (…) bueno tenemos de todo para poder hacer los turnos de día y de noche. Ahí armamos una carpa para dormir.
¿Cómo fueron los sucesos del día 15 de Febrero, el día de la represión por parte de la policía de la provincia?
M: Hasta el lunes ese... El lunes 15 de febrero es cuando nos enfrentamos. Nosotros nunca tuvimos armas, era todo a mano limpia, nos llevábamos de las leyes, teníamos la fe de la gente, la unión de la gente. Estaba pensado que hubiera un grupo de 10 personas para que las camionetas no pasen. La cuestión es que llegaron ellos, y le pedimos a esta gente que no se metieran para que no hubiera violencia y no hubiera problemas. Ese era el mandato de la asamblea, que no hubiera problemas, y bueno al ser votado en la asamblea eso se respeta... Por supuesto las cosas no suceden pacíficamente y ahí nos empiezan a pegar sin mesura, a algunos, entre ellos yo, nos llevan a la comisaría. Intentan llevarse a un segundo grupo, y como no los podían levantar llevaron gas y pimienta y nos echaron en la cara, no podíamos respirar, al no poder defendernos nos arrastraron por el ripio. Muy lastimados porque claro allí hay arena y piedras. Fuimos muy golpeados. Nos apuntaban al pecho, mujeres, chicos heridos, hay un bebe de tres meses con un tiro en las piernas, un niño de 5 años con un tiro en el estomago que lo llevaron a Catamarca. Era una guerra, había gritos, tiros, bombas, largaron los perros que llevaban.
¿Cómo es la reacción de la gente del pueblo al enterarse que estaban siendo reprimidos por la policía?
M: Una radio local estaba transmitiendo lo que pasaba y entonces ahí el pueblo se entera. Y decide dividirse en tres partes: estar en el corte para que no sigan pasando las máquinas, otro grupo en la puerta de la comisaría donde estábamos algunos de nosotros presos y el otro estaba en el centro de la ciudad de Andalgalá por la gente que habían llevado ahí.
Una asamblea ya no podía controlar a un pueblo enojado. Hicieron todo lo que pensaban que tenían que hacer, quemaron la municipalidad. Los chicos corrían. La gente los ayudaba porque bien sabían que el juez de la ciudad y la fiscalía dio la orden de la represión, junto con el intendente que, por supuesto, se escaparon.
Pero no la sacaron muy barata porque los muchachos resistieron, “lo hicieron sonar”, le quitaron los cascos, le dieron una paliza al equipo especializado, que no te imaginas. Ahí es cuando se retiran (...) La bronca por ver los que nos habían hecho a nosotros, se metían por los montes, por los pies de los cerros, es impresionante ver como salía gente de todos lados (...) Tenemos el peso de toda nuestra lucha de que sos responsable de la vida de un pueblo, de repente ver a un pueblo ahí, era un alivio muy grande para mí.
Hubo un cambio en la respuesta de la gente, porque al principio, antes de que estuviera la asamblea, el corte, la gente como que estaba un poco más alejada (…) ellos nos tenían a nosotros como los salvadores (…) pero en el momento en que nos querían desalojar, que había policía de afuera, y se escuchaba la radio que avisaba, decía aguante la asamblea y pedía:- por favor, pueblo, apúrese…y la gente llegó.
¿Les abrieron causas judiciales?
M: Si, estamos haciendo denuncias, tenemos abogados (…) A mí por ejemplo me estuvo buscando la policía antes de venirme (…) a uno de mis compañeros fueron y le hicieron un allanamiento y no sabemos por qué, el no aviso a la asamblea, no sabemos que es lo que buscaban, le revolvieron todo en la casa, lo acusaron de golpear a un periodista y de quitarle la máquina…
¿Y luego de la represión como siguió la asamblea?
M: Sentimos como que ganamos una batalla, pero a la vez nos estamos mentalizando de que vamos a tener que volver a resistir porque la minera sigue con la idea de instalar la planta. Está suspendida por ahora la instalación, pero las camionetas las vemos que circulan en Andalgalá, hacen reuniones, dicen que están tomando gente para trabajar en ellas.
Esta resolución para vender las tierras de Andalgalá a la minera ¿por quiénes está firmado?
M: Y muchos, está firmado y sellado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Andalgalá y la secretaría de Estado de Minería de la provincia de Catamarca, José Guillermo Sinner es el secretario y allí aparece su firma.
¿Cómo piensan llevar adelante esa resolución que hizo que empezara este conflicto?
M: (…) lo que nosotros anduvimos haciendo, como yo le llamo el trabajo de hormiga, es explicándole a la gente qué es lo que dice este papel. Figura que hay dos minas privadas, no sabemos de quién (…), veintinueve minas en plena ciudad de Andalgalá. Incluso llega hasta otro pueblo saliendo de Andalgalá que es Pomán y Saugil, que está pensado darle una indemnización a la gente para que se vaya y deje el pueblo.
Entonces Andalgalá dejaría de existir.
M: Claro, la gente en primer lugar dice esta indemnización nos dura un año (…) pero después qué hacemos, quién nos devuelve nuestro trabajo, quién nos devuelve nuestras tierras, nuestras casas…
Entonces la gente y el pueblo le dice no, el pueblo no se vende...Aquí están todos los pueblos por reventar, tienen su nombre, su distancia...La Aguada, Villavil, el pueblo donde yo vivo, Capillita, Colorado, El durazno, están todos...
¿Y cuál fue la respuesta oficial de este conflicto?
M: A nosotros nos dijeron que esto salió por equivocación. ¿Cómo va a ser así si está firmado por todos?: por el Fondo de Minería, etc.
¿Y ahora cuáles son los pasos a seguir?
M: Y ahora un poco dependemos del gobierno, porque acá están metidos, la presidenta, el gobernador de Catamarca y el intendente de Andalgalá. Hasta donde puede quedar libre la ciudad de Andalgalá?
La contaminación ya empieza a hacer estragos en nuestras vidas; en Andalgalá tenemos diabetes, tenemos asma, problemas en los riñones, dolores de huesos, las plantas de los pueblos se están secando y a su vez como le afecta a las provincias, si ellos logran instaurar las minas y no hacemos algo, si no nos unimos y no peleamos van a seguir por otras provincias... Si nos echan hacia las ciudades ¿qué va a pasar en las ciudades? ¿Nos vamos a empezar a comer los unos a los otros? (…) ¿Quién los va a recibir en otra provincia? ¿Quién les va a conseguir trabajo? ¿Quién les va a dar casa? ¿Qué van a comer? ¿A dónde van a ir a parar abajo de un puente? Y eso va a suceder si nosotros se lo permitimos.
¿Y a su vez se están manejando por vía judicial?
M: Estamos manejando todo por vía judicial, pero realmente a nosotros nunca nos dieron ni cinco de pelota, no les importa nada, y nos quieren tirar como si fuéramos animales para otro lado (…) Nosotros por ahora dependemos de lo que el gobierno haga, según lo que el gobierno haga, nosotros hacemos pero por suerte hay muchísima gente ayudando, hay abogados también porque en Andalgalá ningún abogado se quería hacer cargo de nuestros papeles porque la minera los extorsiona para que no se meta con la asamblea de autoconvocados, o sea la Asamblea “El Algarrobo”, entonces tuvimos que buscar un abogado de Buenos Aires para que nos defienda. Esperamos que salgamos victoriosos y que no intenten hacernos algo a la gente de la asamblea. Igual somos conscientes de que corremos ese riesgo, pero creo que si no actuamos todos juntos, todo un país, se pueden olvidar de nosotros y después meterse con otro pueblo, Córdoba, Santa Fé o Rosario mismo…
¿Ahora la Asamblea sigue manteniendo el corte?
M: Sí! Seguimos, ahí está.
Lo que nosotros pedimos y hablamos es que los pueblos que tiene algún tipo de contaminación es que hay que empezar a levantarse, porque no podemos esperar a la justicia, ellos lo que quieren es sacarte, sacar dinero. (…) hemos pasado a otra etapa de la vida, de la lucha en donde nosotros tenemos que decirles YA BASTA, queremos libertad para Argentina y que los extranjeros que se vayan, que nos dejen en paz. Nosotros hemos vivido, nuestros ancestros han vivido siempre aquí, que se larguen de aquí una vez por todas, eso pide el pueblo de Andalgalá, que sigamos en alto.
Yo les digo a todos, tenemos que unirnos, me refiero a todas las provincias, a todas las organizaciones que hay que unirse. Nosotros hicimos un juicio por la contaminación de las aguas de Villavil, cuado fuimos a llevar las pruebas las cosas estaban todas mojadas La justicia está pagada, toda la justicia, los gobernantes, vos no podes esperar nada de los gobernantes. Entonces nosotros nos valemos de fotos, grabaciones y la unión de la gente. Si nosotros dejamos que ahora avancen, nos van a hacer pelota el país, entonces nosotros queremos que se nos unan o que se unan, no le pedimos que vayan a pelear por nosotros en Andalgalá, pero estando en sus lugares pueden hacer algo. Ellos no tienen el derecho a venir a hacer lo que están haciendo. ¿Qué tenes que andar vendiendo la vida de la gente? Porque eso no se hace, se está vendiendo la vida de la gente..... Entonces nosotros pedimos a los pueblos que se unan que peleen.
Y es por el agua que estamos peleando. Y es como decimos: el pueblo no se vende y el cerro no se toca porque no lo van a tocar...
Anteriormente mencionabas sobre el trabajo de concientización que lleva adelante la Asamblea.
M: nosotros hacemos un trabajo de hormiga, ir con el documento, explicarle a la gente que lo que dice, explicarle lo más importante: -acá dicen que le van a rematar su casa, léalo. Y vamos casita por casita, golpeando las puertas. Por supuesto que hay gente que no quiere saber nada, pero seguimos. Es muy duro concientizar a la gente, es muy duro lo que nosotros estamos haciendo, pero seguimos. Cuando hay otras asambleas también tratamos de contarles que es lo que está pasando, que tomen conciencia de lo que se está haciendo con la Argentina y se organicen. Creo que llegó el momento que nos tenemos que defender como sea. Yo les pregunto a ustedes, si la Argentina sigue así ¿van a ser inmigrantes en otro país? ¿Van a intentar pasar a otra frontera? Yo no me veo así. Pidiendo agua, matando cualquier animal para comer, para darle a tu hermano. Empecemos a defender a la Argentina, a reunirse con la gente, con toda la gente que le interese. Ustedes ya vieron lo que pasó con Andalgalá, es una ciudad y no les ha importado. Hablen. Hablen, que la gente se concientice.
La soja nos re-mata
El 14 de abril de 2010, realizamos frente a la sede de la bolsa de comercio de Rosario, una intervención callejera, repudiando el remate del primer lote de soja; que da inicio formal a la comercialización de granos de la campaña 2010. Nos manifestamos en este lugar, en conjunto con otras organizaciones, para denunciar el modelo de los agronegocios, la sojización transgénica, el saqueo y la contaminación. Y sosteniendo, por otra parte, la defensa de un modelo alternativo, que respete la biodiversidad, el ecosistema, y la salud de los pueblos.
Organizaciones participantes: Arte-Tierra-Huella. Asamblea Feriante Caramelos Sueltos. Conciencia Solidaria. El Grito de la Tierra. Foro por la Soberanía Alimentaria. Frente Popular Darío Santillán. Semillas de Rebelión. Socialismo Libertario. Tierra de Alguien.
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