28 jul. 2010

¡En Andalgalá no pasarán!

Marzo 2010
El pueblo de Andalgalá se encuentra actualmente en pie de lucha contra la instalación y construcción en curso de un nuevo proyecto minero al norte de la ciudad, cínicamente denominado mina de “Agua Rica”. Se trata de un proyecto que viene a continuar la política de saqueo y contaminación que estas industrias, con la colaboración y complicidad de los gobiernos local y nacional, vienen desarrollando desde hace años a costa de la vida de sus habitantes. Los vecinos y vecinas, autoconvocados en la Asamblea El Algarrobo, vienen enfrentando a la minería a cielo abierto y este último tiempo han protagonizado un proceso de lucha contra este y otros proyectos que amenazan su salud, su tierra y su propia permanencia en el pueblo. Han salido masivamente a las calles y llevado adelante una pueblada con grandes implicancias sociales y políticas.

Un poco de historia: el caso de Mina La Alumbrera.

Los andalgalenses ya conocen ampliamente las consecuencias de este tipo de emprendimientos, dado que desde hace trece años funciona allí la ya conocida minera La Alumbrera, tal vez el caso testigo de lo que estos mega-proyectos implican para los que adolecen su vecina instalación. No está de más recordar algunos datos ilustrativos para dimensionar sus repercusiones: se trata de una industria extractiva a gran escala, altamente tecnificada y muy diferente de la tradicional minería, que se emplaza en enormes extensiones de territorio y utiliza, para la extracción de los diferentes minerales (entre ellos, cobre, oro y plata) miles de toneladas de metales pesados y químicos altamente tóxicos como el cianuro. Asimismo, la cantidad de agua que este proceso requiere es terriblemente extravagante: se toman de los acuíferos locales 66 mil litros de agua por minuto, los cuales son, luego del procedimiento, irremediablemente contaminados y devueltos a los piletones o diques que operan de gigantescos basureros mineros y drenan sus desechos a las napas subterráneas.

Las derivaciones de este tipo de mega-proyectos no se hacen esperar, y afectan de manera dramática a las poblaciones que desde hace años viven allí. El uso indiscriminado del agua (la cual, de acuerdo al convenio establecido entre las empresas y los gobiernos, no es pagada por aquéllas) provoca su escasez generalizada en el pueblo, y una contaminación irreversible de los cursos de agua, que genera graves enfermedades entre los habitantes, siendo la más extendida el cáncer.

Existen otros impactos provocados por el accionar de estas empresas, como la destrucción de la geografía y el ecosistema local, con la consecuente pérdida de biodiversidad y la desertificación. Sucede que, durante la extracción, se utilizan cientos de toneladas de explosivos para dinamitar otras tantas toneladas de roca, arrasando con el paisaje y las formaciones naturales de la tierra. Así, va avanzando un panorama de desolación y muerte que destruye el hábitat natural de incontables especies autóctonas y amenaza con la perentoria expulsión y el éxodo masivo de las poblaciones allí ubicadas.

Por otro lado, las empresas, haciendo gala de su pretendida “responsabilidad social empresaria” y su política de “inserción social”, intentan mostrarse como los máximos guardianes de una supuesta “sustentabilidad” a través de un trabajo de divulgación entre los habitantes, que sólo ofrece mezquinas y falsas expectativas de “trabajo”, “progreso” y “producción responsable”. Tras trece años de funcionamiento, La Alumbrera ha significado exactamente todo lo contrario para los pueblos aledaños, siendo hoy en día Andalgalá una de las ciudades más pobres de Catamarca (evidenciado en la crisis financiera del municipio local), sin trabajo digno ni estable para las mayorías y con un creciente deterioro ambiental que repercute directamente sobre las fuentes de sustento de los pobladores y pobladoras.

Resistencia y pueblada contra Agua Rica

Agua Rica es, como adelantábamos, un nuevo proyecto minero de la Yamana Gold Inc. con una extensión tres veces mayor que el de La Alumbrera y que viene siendo resistido desde su anuncio por los habitantes del pueblo y las comunidades originarias diaguitas, quilmeñas y calchaquíes cortando las rutas, bloqueando la entrada y salida de los gigantescos camiones que transportan el mineral en roca, denunciando y concientizando a través de campañas de difusión y accionando por vías legales. La única respuesta que han tenido de los gobiernos locales ha sido la represión más brutal, la persecución y el terror que infunden a través de amenazas y detenciones, violando los derechos humanos más elementales y criminalizando a los y las que luchan por sus derechos a un ambiente sano y una vida digna.

Así fue cuando, recientemente, se anunció el proyecto Pilciao 16, de la minera canadiense Billinton, y que tiene entre sus planes la exploración y posterior explotación de zonas urbanas, con 29 minas proyectadas en plena ciudad. Sí, pretende avanzar con su ambición de saqueo y contaminación sobre zonas pobladas, sobre las viviendas de los propios andalgalenses. La empresa ofrece a los habitantes una serie de indemnizaciones para que se vayan y dejen el pueblo, como nos relataba una compañera de la Asamblea El Algarrobo, el espacio autoconvocado que viene luchando contra la instalación de este proyecto.

Ante este hecho, la resistencia en Andalgalá se tornó masiva y se extendió a ciudades vecinas, como Santa María y Belén. Tras la violenta represión de la policía y la gendarmería durante un corte realizado el 15 de febrero, la movilización se transformó en una pueblada que incluyó el incendio de parte de la municipalidad y el ataque a las oficinas de la Yamana Gold. Frente a la evidente magnitud de la movilización, el gobierno local ha tenido que echarse atrás y suspender las obras “hasta que vuelva la paz social”, como dijo el intendente pro-minero, inclusive llamando a un referéndum.

Sin embargo, la asamblea El Algarrobo no se ha quedado con esto y piensan continuar con la movilización y la lucha desde abajo, hasta que la instalación de la mina se suspenda. Porque, como dicen en un comunicado, “amamos esta tierra, esta ciudad fue construida por nuestros abuelos y la seguimos construyendo, por eso es nuestra, no le pertenece a una empresa minera, ni al gobierno, esta tierra es de nosotros”.

Nicolás Moro







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