3 nov. 2011

Néstor Vargas, una víctima del modelo


Por Nicolás Moro, desde Rosario, Santa Fe. 
La reciente muerte de Néstor Vargas, presuntamente envenenado por el contacto con agroquímicos, muestra la realidad detrás de la bonanza sojera. Su historia recrea la de muchos otros habitantes del campo argentino que comparten un destino de precariedad y explotación.  
Conocida es la tradición agraria de la provincia de Santa Fe, cimentada sobre la riqueza natural de su suelo y toda una historia de violentas imposiciones sobre sus habitantes originarios. Fue también la historia de la llegada de colonos agrícolas y de arrendatarios del otro lado del mar, de la consolidación del latifundio y del Grito de Alcorta junto con toda la mitología que sobre ese suceso construyeron determinadas entidades. Pero la historia más reciente y menos contada por los creadores de relatos es la del avance del monocultivo, el desmonte, la concentración económica y la contaminación a mansalva de la tierra y sus pobladores. Omisión interesada de un lento y silencioso genocidio químico a cielo abierto.
La “vida” en el campo
Néstor Vargas tenía 27 años, esposa y cinco hijos, cuando hace unas semanas comenzó el macabro periplo que terminó con su muerte en el Hospital Cullen de Santa Fe. El miércoles 12 de octubre, en la localidad de Santa Felicia, cercana a la ciudad norteña de Vera, provincia de Santa Fe, Néstor trabajaba en el campo de la familia Centis cuando comenzó a sentir fiebre y dolores en todo el cuerpo. Ese día había descargado agroquímicos de un camión a una habitación mal ventilada, sin utilizar ningún elemento de seguridad para su manipulación. Al día siguiente, el encargado del campo, Marcelo Apud, hizo que le dieran un medicamento para la gripe, desoyendo los reclamos de la esposa del joven peón rural de llevarlo al hospital. El viernes, ya con problemas para respirar, viajó al hospital de la ciudad de Vera donde, con una desidia increíble, tras aguardar por el turno de la guardia tuvo que esperar media hora adicional a la doctora que, mientras tanto, se probaba ropa en su consultorio. Cuando pudo ser atendido, la médica no ordenó su inmediata internación sino que le recetó medicamentos para la fiebre y la tos, incluso frente a evidentes síntomas de algo más complicado, como arcadas y problemas respiratorios.
El sábado casi no pudo levantarse por los dolores y el domingo volvió al hospital de Vera, sólo para que un médico le recete nebulizaciones y una inyección y tampoco considere su internación.
El lunes un médico particular ordenó su internación inmediata y una batería de análisis. Dos días después, fue derivado a Santa Fe, mostrando ya con vómitos, ahogos y dolores en el pecho, por lo que hubo que asistirlo con oxígeno y derivarlo a terapia intensiva. Unas horas después de su derivación los médicos informaron que difícilmente resistiría y a la una de la madrugada se informó de su fallecimiento.
Esta es la realidad del “otro campo”, ese que en 2088 no salió a batir cacerolas contra el aumento de las retenciones a su producción exportable, ese que no aparece en la Expoagro y otras muestras y ferias de los grupos más poderosos y “prósperos” del sector, ese que sufre las consecuencias directas de un modelo extractivo-exportador que concentra la propiedad y el uso de la tierra, así como las utilidades generadas por la exportación de granos. Un modelo que precariza a sus trabajadores hasta la cuasi-esclavización (como lo demuestran el emblemático escándalo de Nidera y mismo caso Vargas, que trabajaba en negro y sin obra social), que extiende el monocultivo y la imposición de una agricultura industrial basada en la biotecnología y la aplicación de agrotóxicos, contaminando el suelo, el agua, el aire, destruyendo la biodiversidad y envenenando a los pueblos del interior de la provincia. Un modelo, por último, que produce granos y derivados que nunca serán alimento para las hambrientas mayorías del país y del mundo, sino forrajes, alimento balanceado y agrocombustibles. Es decir, un modelo de país agrario sin soberanía alimentaria, con hambre, exclusión y contaminación.
Declaraciones apresuradas
Si bien aún faltan realizar peritajes y estudios sobre las causas ciertas de la muerte de Néstor Vargas (sus órganos serán analizados para verificar la posible intoxicación), el ministro de Salud de la provincia, Miguel A. Capiello, declaró esta semana ante el movimiento de Pueblos Fumigados-Campaña Paren de Fumigarnos que “ya el primer diagnóstico que dieron los médicos en el hospital José María Cullen de Santa Fe indicaría que el deceso se habría producido por hantavirus o leptospirosis". Una declaración por lo menos apresurada, teniendo en cuenta las denuncias de la familia Vargas y el sospechoso mutismo y desidia de los dueños del campo (que en ningún momento se solidarizaron o prestaron ayuda alguna a la familia), así como incontables casos similares de muerte por intoxicación con agrotóxicos en los últimos años. Hasta el momento, ésta ha sido la única declaración oficial sobre el caso, lo que desgraciadamente ni sorprende ni contradice la política del gobierno de Hermes Binner sobre los agrotóxicos. Se trata de una política a tono con los intereses del sector, que ignora la evidencia científica y pide “desmitificar la toxicidad del glifosato” (Binner dixit), una política que encaja perfectamente en el gran “consenso sojero” de la mayor parte del espectro político partidario, priorizando el lucro de unos pocos por sobre la salud de los habitantes de la provincia y su derecho a un ambiente sano.
Ni solo, ni mal acompañado
El caso de Néstor Vargas no es el primero y no será el último en tanto se siga “profundizando” un modelo económico insustentable, basado en el poder del latifundio y en la especulación financiera de los pooles de siembra, en la creación de un desierto transgénico que avanza sobre la riqueza de biodiversidad a fuerza de desmonte y fumigaciones, que configura una estructura social de “agricultores sin rostro” que avasalla las formas de vida campesinas y propicia el saqueo de la tierra y el despojo de las mayorías. Los casos como el de Vargas se multiplican en esta y otras provincias, bajo el manto de silencio de los medios de comunicación y la complicidad de los poderes de turno.
Sin embargo, Néstor Vargas no está solo. En primer lugar, su familia seguirá denunciando y reclamando justicia, exigiendo el esclarecimiento de las causas de su muerte y el enjuiciamiento de los responsables. Pero no sólo su familia lo acompaña: la Mesa Vera de la CTA ha emitido un comunicado en solidaridad con él y su familia, denunciando asimismo la “complicidad del Estado Provincial (…) nuevamente en evidencia ante este hecho que se podía haber evitado con la aplicación y/o modificación de las leyes vigentes y si se ejerciera un verdadero control sobre el uso de este tipo de productos que envenenan y matan a la población”. Simultáneamente, el Encuentro por los Derechos Humanos de Reconquista y la Campaña Paren de Fumigarnos de la provincia han emitido sendos comunicados y se han plegado a las movilizaciones en reclamo de justicia y en solidaridad con la familia Vargas. Una vez más, son los movimientos sociales y los sindicatos combativos los que alzan alguna voz a favor de los desplazados y olvidados del modelo y del sistema, buscando, por distintas vías, contribuir a un cambio social que contemple las necesidades y resguarde los derechos elementales de los pueblos, siempre amenazados por el afán lucrativo y depredador de los “ganadores” del nuevo capitalismo agrario.

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