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14 may 2012
La represión, otra vez protagonista en Tinogasta
Por Tamara Perelmuter. El sábado la policía de Fiambalá reprimió a los asambleístas de Tinogasta que sostienen un corte selectivo e informativo sobre la ruta Nacional 60 y detuvo a tres de sus integrantes.
El corte se mantiene desde el 29 de enero de este año, cuando el pueblo de Tinogasta decidió defender activamente su derecho a una vida digna, bloqueando el Paso Internacional de San Francisco e impidiendo la circulación de camiones con insumos para la corporación minera La Alumbrera. Se trata de un grupo empresario que está formado por las trasnacionales Xstrata, Goldcorp Inc. y Yamana Gold, y está asociado al Estado provincial y al nacional a través de una Unión Transitoria de Empresas.
Esta no es la primera vez que estos pobladores sufren las consecuencias del embate que contra ellos se está esgrimiendo desde el gobierno provincial y nacional, la policía local y la gendarmería. La primera de ellas llegó el 10 de febrero cuando fueron violentamente reprimidos por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos. Producto de esto, varias personas fueron heridas, una de ellas con varios impactos de goma en el cuerpo. Sin embargo, esto no hizo que el corte se disipara.
Bajo los argumentos de la desobediencia judicial, el entorpecimiento del tránsito terrestre y hasta invocando la figura del atentado, llegó el turno de la citación a declarar. Esta fue recibida por cinco vecinos el 25 de abril, en el marco de una causa que imputa a más de cincuenta integrantes de la asamblea.
Finalmente, el sábado 12 de mayo tres asambleístas fueron detenidos por fuerzas represivas que escoltaban camiones de la empresa La Alumbrera. Quienes sostenían en ese momento el corte, fueron brutalmente golpeados y reducidos con gas pimienta. El paradero de los detenidos se mantuvo oculto por más de una hora. Se supo más tarde que se encontraban “demorados” en la comisaría de Fiambalá, distante a 50 km de Tinogasta y quedaron a disposición de la fiscal Álvarez, de Tinogasta, la misma que ordenó la represión del verano.
La Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua de Tinogasta continúa con su bloqueo informativo. Mientras tanto, se realizaron durante el fin de semana varias acciones de repudio en diversos puntos del país.
En Capital Federal, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y bajo la consigna “si nos tocan a uno, tocan a todos”, está convocando a realizar un escrache en la Casa de la Provincia de Catamarca, el día lunes 14 de mayo a las 18hs, cita en Córdoba 2080. Según remarcan en un comunicado sacado en el día de ayer, “repudiamos las acciones llevadas adelante por las fuerzas represivas, rechazamos la instalación y funcionamiento de las empresas megamineras en nuestro país, y exigimos a los gobiernos municipal, provincial y nacional que cesen las agresiones y el hostigamiento hacia el pueblo de Tinogasta, y escuche la voz de nuestros reclamos”.
REPRESIÓN AL PUEBLO DE TINOGASTA
Comunicado de prensa:
Tinogasta 12 de mayo de 2012
Siendo
aproximadamente las 14:30 horas del día de hoy, la Policía de Fiambalá,
Catamarca, reprimieron a los asambleístas de Tinogasta que sostienen el
corte selectivo e informativo desde el 29 de enero pasado, bloqueando
el Paso Internacional San Francisco con el objetivo de impedir contra
el paso de camiones con insumos para las megamineras de Catamarca y
otras provincias cordilleranas. Tres asambleístas fueron brutalmente
golpeados y llevados por las fuerzas represivas y por más de una hora
mantuvieron oculto su paradero. El comisario Vergara es el responsable
del operativo en el que virtualmente fueron secuestrados los tres
detenidos. 10 efectivos policiales en 2 camionetas fueron utilizadas en
el operativo. Fueron golpeados y les tiraron gas pimienta. Después
escoltaron a los tres camiones mineros que fueron “liberados” tras la
represión."
Sale a la luz hace minutos que los tres
compañeros están en carácter de detenidos en la comisaría de Fiambalá,
distante a 50 km de Tinogasta, y quedaron a disposición de la fiscal
Álvarez, de Tinogasta, la misma que ordenó la sanguinaria y tristemente
recordada represión del 10 de febrero del corriente.
La
Asamblea de Ciudadanos en Defensa de la Vida y el Agua continúa con su
bloqueo informativo y repudia con todas sus fuerzas la violencia
ejercida desde el aparato estatal, el cual defiende los intereses de
las empresas transnacionales ante los reclamos de los pueblos.
Una
vez más los intereses económicos de unos pocos priman, de la mano de la
violencia, sobre los intereses de las mayorías, quienes no nos cansamos
de luchar en defensa de nuestro territorio y por nuestra vida.
Responsabilizamos
al Estado en sus tres niveles por esta represión y le exigimos tanto al
gobierno provincial como al nacional, como así también a la justicia
provincial, que cesen las agresiones hacia los pueblos.
Los
vecinos de Tinogasta continuaremos con nuestro bloqueo informativo y
seguiremos reclamando que se vayan las mineras de nuestros territorios.
Repetimos:
continuamos con la guardia informativa más firme que nunca y en
hermandad con los otros pueblos de la provincia y del resto del país,
con quienes estamos en continua coordinación.
Los
pueblos unidos reafirmamos, Fuera Bajo La Alumbrera y las empresas
mineras que operan en el Dto de Tinogasta, Nunca jamás Agua Rica, ni
una mina más.
¡NO PASARÁN!
Contactos:
pablojoseromero@hotmail.com
msutinogasta@hotmail.com
Teléfonos de Contacto: 03837-15-478847
03837-15-402065
03837-15-473801
Comisaria de Fiambala: (03837) 496021
22 sept 2011
Comunicado MNCI - Marcha en Sumampa contra la minería a cielo abierto
Marcha en Sumampa contra la minería a cielo abierto
Vecinos y vecinas de Sumampa marcharon el 16 de septiembre de 2011 junto con una delegación del MNCI contra la minería a cielo abierto.
Compañeros y compañeras de todas las organizaciones que componemos el MNCI marchamos el 16 de septiembre en apoyo a los pobladores y pobladoras de Sumampa.
Sumampa es un pueblo de unos 8200 habitantes en la ciudad y unos 32 parajes campesinos, en el centro sur de Santiago del Estero, a unos 28 kilómetros de Ojo de Agua, donde se encuentra la Universidad Campesina del MNCI en construcción. En la zona hay 1827 productores ganaderos, con un promedio de 100 vacas y 200 chivas por familia, identificados por el Censo Agropecuario.
Hace unos 5 años, un equipo de geólogos del CONICET descubrió en la zona materiales conocidos como "tierras raras", con alto valor en el mercado tecnológico y en la industria bélica. Este año, la empresa Gaya Energy, de capitales canadienses, comenzó tareas de exploración en el paraje Jasimampa, en un territorio de pastoreo comunitario, sin autorización de los pobladores.
Estos, alarmados por la intromisión en el paraje, realizaron una manifestación el mes pasado contra las operaciones mineras, siendo desalojados por la fuerza policial enviada por el Juez de Santiago Capital Darío Alarcón, ex defensor del pueblo de Santiago. Los vecinos se manifestaron en contra de las prácticas mineras, mostrándose conocedores de las experiencias de Veladero en San Juan y Alumbrera en Catamarca, de contaminación del agua, división de las poblaciones enfrentamiento por los territorios.
La empresa Gaya Energy está realizando en el pueblo una supuesta "encuesta" a los vecinos, que es en realidad una entrevista personalizada que busca convencer a los pobladores los supuestos beneficios de las prácticas mineras. Además se están realizando reuniones en las escuelas instando a los docentes a convencer a los chicos y chicas de lo buena que es la minería y a aceptar donaciones para predisponerlos en su favor. Estas prácticas también las vemos habitualmente en terratenientes de la provincia en sus intentos de desalojos de pobladores para apropiarse de sus tierras. A esto se suman falsos datos de difusión sobre la composición de la población, de las posibilidades ganaderas. Se han presentado poco serios informes ambientales que presentan contaminación en zonas sin fuentes de polución en un intento de justificar el uso masivo de agua que la nueva minera requeriría.
Desde el MNCI nos manifestamos en contra de la minería a cielo abierto y anteponemos como fundamental el derecho de las comunidades a decidir sobre su vida y sus territorios, así como el respeto a la vida natural y al agua limpia que vulneran mortalmente las prácticas mineras. Por eso marchamos el viernes 16, junto con los vecinos del lugar, unas 400 personas, escrachando la oficina de la minera y la comisaría del pueblo. Terminamos con un acto frente al club Unión Argentina, con una interesante discusión de los vecinos y con aportes de información sobre los perjuicios de las actividades extractivas.
La movilización de los pueblos detiene los intereses de las corporaciones, que envenenan el agua y la tierra y se apropian de lo que es de todos y todas.
Ni un metro más, la tierra es nuestra
Somos tierra para alimentar a los pueblos
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC Vía Campesina
23 jun 2011
Los qom y la (nueva) decadencia de Occidente
por Eduardo Grüner *
de la edición del lunes 16 de mayo de 2011 - Página/12
1. ¿Cuántas historias hay en la Historia? Desde 1492, una sola: se ha naturalizado que la Historia –y ni siquiera toda ella, sino la de las clases dominantes– de la humanidad es la historia de una pequeñísima porción de ella (véase cuánta superficie ocupa Europa en el mapamundi), y la de una concepción, o una “filosofía”, de la historia, que es muy, pero muy reciente (no más de 500 años: para la historia total de la humanidad, como decir hace cinco minutos). Con una típica operación de fetichismo ideológico, esa pequeña parte se ha transformado en el sentido común del todo. En nuestras escuelas secundarias, por ejemplo, se sigue enseñando la “Edad Media” como uno de los grandes períodos de la Historia: los grandes terratenientes y la servidumbre de la gleba, los conflictos de la aristocracia feudal con la monarquía centralizadora, los de esta última con el papado, las cruzadas y las guerras de religión, etcétera. Todas cosas, evidentemente, que no pueden faltar en la formación de un adolescente. Ahora bien: ¿qué diantres puede querer decir todo esto para los bantú del Africa subsahariana, para los chipaya del altiplano boliviano, para los tunguses de la estepa siberiana? Es decir –si continuáramos la lista de todas las sociedades y culturas históricas que no han atravesado aquellos procesos–, de algo así como el 90 por ciento de la humanidad (incluyendo a una buena parte de Europa, especialmente oriental, cuyo “feudalismo” fue radicalmente distinto del de Inglaterra o Francia). En fin, que una pequeñísima porción de esa humanidad, como decíamos, ha logrado construir la “evidencia” de que su historia es la Historia sin más. Esto solía tener un nombre prestigioso, más o menos acuñado por Gramsci: “Hegemonía cultural”. Semejante hegemonía –que afecta nada menos que a toda nuestra mismísima idea de la historia en su conjunto– sólo pudo imponerse gracias a la conquista y la colonización multisecular, que “redondeó” al mundo “bajo la mirada de Occidente” (para citar un famoso título de Joseph Conrad). A esta altura, ya no hace falta seguir argumentando el carácter genocida de esa (bien llamada) “empresa”: un genocidio “objetivo” que es el más gigantesco que haya conocido la historia humana, causando el desastre no sólo de un continente, sino de dos, ya que tal “empresa” incluyó asimismo la catástrofe demográfica de buena parte de Africa mediante la esclavitud. Pero quizá sí sea necesario seguir argumentando las diversas formas en que ello implicó también un no menos gigantesco etnocidio o “culturicidio”. También fueron “colonizadas”, y en muchos casos directamente “desaparecidas”, las otras lógicas históricas, culturales, económicas, políticas, religiosas, artísticas o poéticas que esa diversidad casi infinita de sociedades representaban. Esa primera “globalización” empobreció la variedad civilizatoria con su unificación forzada bajo la lógica hegemónica y bajo el tiempo “homogéneo y vacío” (diría Walter Benjamin) de la expansión mundializada del capital. Como afirma, si bien refiriéndose a la destrucción del politeísmo, Sergio Bergallo, en un notable libro titulado La destrucción de los dioses: “Milenios de sabiduría, de caminos abiertos para el género humano, fueron literalmente sepultados”.
2. Entre esos “caminos abiertos” ahora sepultados estaba, por supuesto, el de los qom/tobas, así como el de cientos y cientos de esos pueblos que, en efecto, estaban ab origem (en el comienzo). Allí había, por ejemplo, mitologías y cosmogonías que no por no responder al logos hoy totalmente tecnificado de la ciencia moderna dejaban de bucear en el sentido de un universo enigmático. Pero también había –porque para ellos formaba parte de una totalidad compleja y diversa pero integral– formas de producción, de cooperación social, de organización política y económica sustantivamente democráticas que incluían un profundo respeto por la tierra y la naturaleza, y que eran desde ya estructuralmente incompatibles con el avance del capital agrario transnacionalizado, de la invasión sojera, de la minería contaminante, de la especulación territorial y financiera global. Tenían que ser sepultadas, y lo fueron. Se perdió así un “modelo”, entre tantos otros posibles, radicalmente alternativo a “lo que hay”. Un modelo que –como explicaba el heterodoxo antropólogo francés Pierre Clastres– no es el de una sociedad sin política, sino el de una sociedad contra la política entendida como el gerenciamiento represivo de los negocios de las clases dominantes; no una sociedad sin “excedente de producción”, sino contra el excedente de producción que implica la mercantilización de todo lo existente y el consumismo desenfrenado. Que se nos entienda bien. No se trata de hacer demagogia romántica, de alucinar un retorno a algún paraíso del “buen salvaje” (que bien puede ser la versión “progre” del etnocentrismo colonial). Pero sí de entender, mediante el “caso” qom, tomándolo como “analizador”, que en nuestro planeta puede haber otras cosas que el “modelo” capitalista/neodesarrollista, que podrá tener algunas ventajas respecto del neoliberalismo conservador más (él sí) “salvaje”, pero que no por eso deja de pertenecer a la misma lógica de destrucción de lo que no se someta a ella. Las comunidades qom –así como tantas otras, insistimos– han perdido la mayor parte de sus tierras, han sido dispersadas, “desterritorializadas” (como gustan decir los “pensadores” posmodernos, creyendo que eso es siempre algo bueno; y quizá lo sea... en París), sus miembros se han visto obligados a “ingresar” al mercado de superexplotación de la fuerza de trabajo. Por la puerta más chica, claro: en general, pasando a formar parte de la ocupación “informal” (una palabra repugnante por su frivolidad: como si se dijera que se visten “informalmente”), es decir fuera del mundo, que todavía está rayana en cerca del 40 por ciento de la fuerza de trabajo. Eso, en el mejor de los casos; en el peor, condenados al hambre, la miseria, la desesperación dentro del (in)mundo. Y, como se ha visto en los últimos meses, al asesinato sumario. Caídos en lo peor de todos los infiernos: tras el despojo, el racismo, y tras este desclasamiento, aún antes de haber entrado a su nueva “clase”, y finalmente la liquidación física. El punto de cruce perfecto entre la “historia” de medio milenio de genocidio y la “modernidad” de la explotación clasista más actual. Lo de los qom no es una anécdota o un conflicto coyuntural: es un símbolo universal.
3. En este diario, en los últimos días, se publicaron dos muy atendibles artículos sobre el problema qom, a cargo de Washington Uranga y de Mempo Giardinelli. Son atendibles, entre otras razones, porque sus autores se declaran simpatizantes, en muchos aspectos, del actual gobierno argentino. Sin embargo, no retroceden ante el imperativo de una dura crítica a las máximas autoridades de ese gobierno por su silencio ante las justísimas demandas qom. Es un rasgo de encomiable consecuencia, o, como se decía en otras épocas, de coraje cívico. Demuestra que un intelectual puede y debe ir más allá de sus adhesiones inmediatas cuando hay que poner el dedo en una llaga dolorosa. Pero me permito, muy humildemente, proponer que hundamos el dedo a fondo. Hasta el codo. Y me temo que entonces tendríamos que decir algo bien antipático y aguafiestas: con cualquier variante del actual “modelo” de acumulación capitalista mundial –y nuestro país sigue estando, con sus peculiaridades, allí, ¿o no?–, el problema qom no tiene solución de fondo posible. Se puede, y se debe, pelear para que las autoridades nacionales los reciban, los escuchen, les den, sí, la razón que ya tienen, les devuelvan sus tierras, lo que fuera. Tal vez, incluso, todo eso se consiga –aunque habrá que luchar muchísimo–. Pero en algún momento nos encontraremos con un paredón infranqueable: en lo inmediato, será con el sistema de alianzas políticas y económicas que esas autoridades no parecen muy dispuestas a romper, incluyendo a alguna gobernación que es por lo menos políticamente responsable de los despojos y las muertes; en lo más mediato, con aquel “modelo” de acumulación que lleva inscriptos constitutivamente estos agujeros negros (el de los qom es sólo uno) que está “por naturaleza” incapacitado para clausurar. La “mancha” qom sobre la 9 de Julio es un corte a los entusiasmos desmesurados y acríticos. Es así. Habrá que hacerse cargo, y extraer las consecuencias que cada cual crea pertinentes.
4. En todo caso, hay una de esas consecuencias que ya no se puede ocultar más: el Occidente capitalista del cual seguimos, con los matices que se quieran, formando parte –no se ha escuchado todavía que el “modelo” contemple la alternativa de lo que Samir Amin llamaba la “desconexión”– está entrando en estado de crisis terminal, como se puede leer todos los días en las noticias europeas o norteamericanas. El colapso económico –que aceleradamente, también todos los días, precipita en la pobreza a las masas más desprotegidas de los imperios– se combina siniestramente con la exacerbación del racismo, frecuentemente homicida, contra la inmigración proveniente de aquellas otras “historias” que esos imperios fagocitaron. Ellos tienen sus propios qom. Mientras tanto, las cosas realmente interesantes, la posibilidad de nuevos “caminos abiertos”, también se está gestando en ese “afuera” de las otras historias, aun con todas sus contradicciones, incertidumbres, brumosidades: en las rebeliones del mundo árabe (que también son, o pueden devenir, rebeliones contra ese Occidente capitalista que durante décadas sostuvo a los déspotas sobre sus barriles de petróleo), o en los esfuerzos latinoamericanos –ante todo de los pueblos, más que de los gobiernos– por interrogar críticamente todo lo que en las últimas décadas parecía no tener vuelta, y por recuperar la multiplicidad de sus historias plurales. Tal vez el camino, alguna vez “abierto”, del Occidente único amo de la Historia haya empezado también a sepultarse, esta vez por sus propias manos. Ojalá –porque no es cuestión de celebrar ningún desastre de manera unilateral e irresponsable– que de ese hundimiento podamos rescatar los caminos que siempre permanecerán abiertos si sabemos recorrerlos a nuestra propia manera: los de Homero, Shakespeare, Miguel Angel o Beethoven, por decir algo. Y de los qom.
* Sociólogo, profesor de Teoría Política (UBA).
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-168236-2011-05-16.html
de la edición del lunes 16 de mayo de 2011 - Página/12
1. ¿Cuántas historias hay en la Historia? Desde 1492, una sola: se ha naturalizado que la Historia –y ni siquiera toda ella, sino la de las clases dominantes– de la humanidad es la historia de una pequeñísima porción de ella (véase cuánta superficie ocupa Europa en el mapamundi), y la de una concepción, o una “filosofía”, de la historia, que es muy, pero muy reciente (no más de 500 años: para la historia total de la humanidad, como decir hace cinco minutos). Con una típica operación de fetichismo ideológico, esa pequeña parte se ha transformado en el sentido común del todo. En nuestras escuelas secundarias, por ejemplo, se sigue enseñando la “Edad Media” como uno de los grandes períodos de la Historia: los grandes terratenientes y la servidumbre de la gleba, los conflictos de la aristocracia feudal con la monarquía centralizadora, los de esta última con el papado, las cruzadas y las guerras de religión, etcétera. Todas cosas, evidentemente, que no pueden faltar en la formación de un adolescente. Ahora bien: ¿qué diantres puede querer decir todo esto para los bantú del Africa subsahariana, para los chipaya del altiplano boliviano, para los tunguses de la estepa siberiana? Es decir –si continuáramos la lista de todas las sociedades y culturas históricas que no han atravesado aquellos procesos–, de algo así como el 90 por ciento de la humanidad (incluyendo a una buena parte de Europa, especialmente oriental, cuyo “feudalismo” fue radicalmente distinto del de Inglaterra o Francia). En fin, que una pequeñísima porción de esa humanidad, como decíamos, ha logrado construir la “evidencia” de que su historia es la Historia sin más. Esto solía tener un nombre prestigioso, más o menos acuñado por Gramsci: “Hegemonía cultural”. Semejante hegemonía –que afecta nada menos que a toda nuestra mismísima idea de la historia en su conjunto– sólo pudo imponerse gracias a la conquista y la colonización multisecular, que “redondeó” al mundo “bajo la mirada de Occidente” (para citar un famoso título de Joseph Conrad). A esta altura, ya no hace falta seguir argumentando el carácter genocida de esa (bien llamada) “empresa”: un genocidio “objetivo” que es el más gigantesco que haya conocido la historia humana, causando el desastre no sólo de un continente, sino de dos, ya que tal “empresa” incluyó asimismo la catástrofe demográfica de buena parte de Africa mediante la esclavitud. Pero quizá sí sea necesario seguir argumentando las diversas formas en que ello implicó también un no menos gigantesco etnocidio o “culturicidio”. También fueron “colonizadas”, y en muchos casos directamente “desaparecidas”, las otras lógicas históricas, culturales, económicas, políticas, religiosas, artísticas o poéticas que esa diversidad casi infinita de sociedades representaban. Esa primera “globalización” empobreció la variedad civilizatoria con su unificación forzada bajo la lógica hegemónica y bajo el tiempo “homogéneo y vacío” (diría Walter Benjamin) de la expansión mundializada del capital. Como afirma, si bien refiriéndose a la destrucción del politeísmo, Sergio Bergallo, en un notable libro titulado La destrucción de los dioses: “Milenios de sabiduría, de caminos abiertos para el género humano, fueron literalmente sepultados”.
2. Entre esos “caminos abiertos” ahora sepultados estaba, por supuesto, el de los qom/tobas, así como el de cientos y cientos de esos pueblos que, en efecto, estaban ab origem (en el comienzo). Allí había, por ejemplo, mitologías y cosmogonías que no por no responder al logos hoy totalmente tecnificado de la ciencia moderna dejaban de bucear en el sentido de un universo enigmático. Pero también había –porque para ellos formaba parte de una totalidad compleja y diversa pero integral– formas de producción, de cooperación social, de organización política y económica sustantivamente democráticas que incluían un profundo respeto por la tierra y la naturaleza, y que eran desde ya estructuralmente incompatibles con el avance del capital agrario transnacionalizado, de la invasión sojera, de la minería contaminante, de la especulación territorial y financiera global. Tenían que ser sepultadas, y lo fueron. Se perdió así un “modelo”, entre tantos otros posibles, radicalmente alternativo a “lo que hay”. Un modelo que –como explicaba el heterodoxo antropólogo francés Pierre Clastres– no es el de una sociedad sin política, sino el de una sociedad contra la política entendida como el gerenciamiento represivo de los negocios de las clases dominantes; no una sociedad sin “excedente de producción”, sino contra el excedente de producción que implica la mercantilización de todo lo existente y el consumismo desenfrenado. Que se nos entienda bien. No se trata de hacer demagogia romántica, de alucinar un retorno a algún paraíso del “buen salvaje” (que bien puede ser la versión “progre” del etnocentrismo colonial). Pero sí de entender, mediante el “caso” qom, tomándolo como “analizador”, que en nuestro planeta puede haber otras cosas que el “modelo” capitalista/neodesarrollista, que podrá tener algunas ventajas respecto del neoliberalismo conservador más (él sí) “salvaje”, pero que no por eso deja de pertenecer a la misma lógica de destrucción de lo que no se someta a ella. Las comunidades qom –así como tantas otras, insistimos– han perdido la mayor parte de sus tierras, han sido dispersadas, “desterritorializadas” (como gustan decir los “pensadores” posmodernos, creyendo que eso es siempre algo bueno; y quizá lo sea... en París), sus miembros se han visto obligados a “ingresar” al mercado de superexplotación de la fuerza de trabajo. Por la puerta más chica, claro: en general, pasando a formar parte de la ocupación “informal” (una palabra repugnante por su frivolidad: como si se dijera que se visten “informalmente”), es decir fuera del mundo, que todavía está rayana en cerca del 40 por ciento de la fuerza de trabajo. Eso, en el mejor de los casos; en el peor, condenados al hambre, la miseria, la desesperación dentro del (in)mundo. Y, como se ha visto en los últimos meses, al asesinato sumario. Caídos en lo peor de todos los infiernos: tras el despojo, el racismo, y tras este desclasamiento, aún antes de haber entrado a su nueva “clase”, y finalmente la liquidación física. El punto de cruce perfecto entre la “historia” de medio milenio de genocidio y la “modernidad” de la explotación clasista más actual. Lo de los qom no es una anécdota o un conflicto coyuntural: es un símbolo universal.
3. En este diario, en los últimos días, se publicaron dos muy atendibles artículos sobre el problema qom, a cargo de Washington Uranga y de Mempo Giardinelli. Son atendibles, entre otras razones, porque sus autores se declaran simpatizantes, en muchos aspectos, del actual gobierno argentino. Sin embargo, no retroceden ante el imperativo de una dura crítica a las máximas autoridades de ese gobierno por su silencio ante las justísimas demandas qom. Es un rasgo de encomiable consecuencia, o, como se decía en otras épocas, de coraje cívico. Demuestra que un intelectual puede y debe ir más allá de sus adhesiones inmediatas cuando hay que poner el dedo en una llaga dolorosa. Pero me permito, muy humildemente, proponer que hundamos el dedo a fondo. Hasta el codo. Y me temo que entonces tendríamos que decir algo bien antipático y aguafiestas: con cualquier variante del actual “modelo” de acumulación capitalista mundial –y nuestro país sigue estando, con sus peculiaridades, allí, ¿o no?–, el problema qom no tiene solución de fondo posible. Se puede, y se debe, pelear para que las autoridades nacionales los reciban, los escuchen, les den, sí, la razón que ya tienen, les devuelvan sus tierras, lo que fuera. Tal vez, incluso, todo eso se consiga –aunque habrá que luchar muchísimo–. Pero en algún momento nos encontraremos con un paredón infranqueable: en lo inmediato, será con el sistema de alianzas políticas y económicas que esas autoridades no parecen muy dispuestas a romper, incluyendo a alguna gobernación que es por lo menos políticamente responsable de los despojos y las muertes; en lo más mediato, con aquel “modelo” de acumulación que lleva inscriptos constitutivamente estos agujeros negros (el de los qom es sólo uno) que está “por naturaleza” incapacitado para clausurar. La “mancha” qom sobre la 9 de Julio es un corte a los entusiasmos desmesurados y acríticos. Es así. Habrá que hacerse cargo, y extraer las consecuencias que cada cual crea pertinentes.
4. En todo caso, hay una de esas consecuencias que ya no se puede ocultar más: el Occidente capitalista del cual seguimos, con los matices que se quieran, formando parte –no se ha escuchado todavía que el “modelo” contemple la alternativa de lo que Samir Amin llamaba la “desconexión”– está entrando en estado de crisis terminal, como se puede leer todos los días en las noticias europeas o norteamericanas. El colapso económico –que aceleradamente, también todos los días, precipita en la pobreza a las masas más desprotegidas de los imperios– se combina siniestramente con la exacerbación del racismo, frecuentemente homicida, contra la inmigración proveniente de aquellas otras “historias” que esos imperios fagocitaron. Ellos tienen sus propios qom. Mientras tanto, las cosas realmente interesantes, la posibilidad de nuevos “caminos abiertos”, también se está gestando en ese “afuera” de las otras historias, aun con todas sus contradicciones, incertidumbres, brumosidades: en las rebeliones del mundo árabe (que también son, o pueden devenir, rebeliones contra ese Occidente capitalista que durante décadas sostuvo a los déspotas sobre sus barriles de petróleo), o en los esfuerzos latinoamericanos –ante todo de los pueblos, más que de los gobiernos– por interrogar críticamente todo lo que en las últimas décadas parecía no tener vuelta, y por recuperar la multiplicidad de sus historias plurales. Tal vez el camino, alguna vez “abierto”, del Occidente único amo de la Historia haya empezado también a sepultarse, esta vez por sus propias manos. Ojalá –porque no es cuestión de celebrar ningún desastre de manera unilateral e irresponsable– que de ese hundimiento podamos rescatar los caminos que siempre permanecerán abiertos si sabemos recorrerlos a nuestra propia manera: los de Homero, Shakespeare, Miguel Angel o Beethoven, por decir algo. Y de los qom.
* Sociólogo, profesor de Teoría Política (UBA).
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-168236-2011-05-16.html
26 may 2011
Soja sí. indígenas no
Escrito por Darío Aranda - 01/05/2011
Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.
A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan dádivas. Exigen que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y piden justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres. Y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
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Extranjerización
Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel?
El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del salteño Alfredo Olmedo?
No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días). Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.
Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público. Igual los diarios lo citan como verdad revelada.
La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticas: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Truner.
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Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.
Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.
Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).
Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
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“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo al inaugurar la sesiones del Congreso.
El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.
Sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, el 27 de abril hubo cadena nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”.
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Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
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125
La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.
“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘zojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.
En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.
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Estado cómplice
La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.
Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.
La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por “compatriotas”, y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.
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País serio
“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.
Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra.
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Aviso
Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años un masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo Nacional.
Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.
Los dirigentes indígenas, muchos con gran afinidad al Gobierno Nacional, experimentaron una mezcla de sorpresa y decepción. Se preguntaban si la Presidenta no había entendido el reclamo indígena o tenía una decisión tomada.
Respetados compañeros que apoyan al actual gobierno no se cansan de buscar explicación, y suelen terminar la discusión con un argumento: “Son las contradicciones del modelo”.
Lo sucedido con la comunidad La Primavera señala que no se trata de contradicciones. Son decisiones con costos humanos reales. El geométrico avance de la minería a gran escala es un ejemplo. Aunque quizá el más evidente es el “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas, ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicar las consecuencias ambientales y sociales.
La decisión del Gobierno Nacional es avanzar sobre tierras campesinas e indígenas.
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Decisiones
A cinco meses de la represión del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfrán.
A pesar de la sistemática violación de derechos humanos, Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alianza inquebrantable con Insfrán. Se evidencia en la acción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el único espacio estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera. Fernández limitó la acción del presidente del Inadi, Claudio Morgado (el trabajo sucio quedó a cargo de la vicepresidenta a María Rachid).
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente de Alicia Kirchner, actúa en consonancia con Insfrán. A pesar de contar con valiosos cuadros técnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo que sólo funciona como valla de contención de los reclamos originarios.
Pero la más clara, y triste, evidencia es el silencio de la Presidenta. Nunca se refirió al tema en público, nunca recibió a la familia de Roberto López. Ni siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial.
“El genocidio actual de los pueblos indígenas ya no es más con armas. Se produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión”, afirmó en 2008 el ministro de Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.
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Unidos contra los Qom
Lluvioso. Sábado 30 de abril. La muerte de Ernesto Sábato marca la agenda mediática. El 1 de mayo no hay diarios. Las guardias periodísticas están al mínimo.
La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde para que la Policía Federal se haga presente en el lugar. Más de cien efectivos se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su sexto día de huelga de hambre.
No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.
Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.
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La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que “no hay orden (de Presidencia) para negociar” con los Qom. “Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones”, afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destaca labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.
“Distinta vara” suelen llamar algunos periodistas. El gobierno nacional recibió a la familia de Mariano Ferreyra y utilizó toda su estructura para buscar justicia. Ya están presos los presuntos actores materiales e intelectuales del asesinato.
A la familia del qom Roberto López nunca la recibió. En la escandalosa causa judicial por la represión de Formosa hay una veintena de precesados: todos de la comunidad qom La Primavera. Ningún policía, ningún gendarme, ningún funcionario del gobierno de Formosa.
Gildo Insfrán es gobernador desde 1995. Y ya se postula para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo kirchnerista.
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El cómodo oficio de ocultar
“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es propaganda”. Es una de las tantas definiciones que circulan entre estudiantes de periodismo. Se la adjudican a media decena de periodistas, pero la mayoría de las veces citan como autor a Horacio Verbitsky.
La represión al Pueblo Qom dejó en evidencia al periodismo de los grandes medios de comunicación.
Los canales de televisión, radios y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron la represión como un enfrentamiento, adaptación moderna de la teoría de los dos demonios. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese era el límite. En estos cinco meses, rara vez (muy pocas) estos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.
En contraposición, los medios que claramente actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125 y Ley de Medios) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Pero nunca citaron el fondo de la represión: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, desalojos y obliga también al corrimiento de la frontera ganadera. No apuntan este motivo porque esos medios de comunicación son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
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El “periodismo militante” de la agencia de noticias Télam es un caso testigo del periodismo actual. Télam censuró el domingo 17 un artículo sobre desalojos campesinos de un experimentado colega. Sólo fue publicado, el lunes 18, luego de que el colega pateara puertas, discutiera y exigiera se le respetara su trabajo y trayectoria.
El miércoles 27 de abril, luego de innumerables trabas para ejercer su trabajo cotidiano, la periodista especializada en pueblos originarios anunció que dejaba de escribir sobre la temática hasta nuevo aviso. Desde 2001 se dedicó a conocer, visitar y escuchar a comunidades indígenas. Una década de visitar el territorio y dar testimonio sobre la realidad indígena de Argentina. No explicó por qué tomó esa decisión dolorosa (para ella y las comunidades), pero todo aquel que recibe los despachos de Télam puede imaginar por qué.
El 19 de abril a las 20.48 la agencia Télam despachó el cable titulado “Insfrán participó de encuentro multiétnico e inauguró obras”. Dio cuenta de que 6.000 aborígenes lo aclamaron y, como muestra de ese afecto, aportó supuestos dichos de indígenas: “Hemos mejorado mucho en todos estos años, y eso se debe a la sensibilidad de un gobierno popular que supo interpretar las necesidades de los pueblos originarios”.
El último párrafo no deja dudas. “(Los indígenas consideraron que) Ha sido precisamente el gobierno justicialista de la nación y de la provincia quienes nos han reivindicado plenamente en nuestros derechos”.
Los periodistas tenemos el derecho de no firmar los artículos que nos solicitan escribir pero con los que no estamos de acuerdo, ya sea por línea editorial, edición o, también, porque la información no es verdad.
El cable de Télam no fue firmado por el redactor.
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“Una cosa es resolver de dónde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. En esta profesión dar la espalda a la realidad tienen un precio. No darla, también”, dice un viejo texto de la cooperativa periodística La Vaca, donde también se arriesga una definición. “Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que contar: eso es lo que tienen que hacer un periodista donde pueda”.
Y deja, por un momento, en segundo plano el rol de las empresas periodísticas. “¿Vamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa y ocultando lo que pasa? (…) Dejemos de sostener, a precios cada vez más bajos, esos trabajos basura, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura también nosotros.”
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El juego a la derecha
Muchas críticas al Gobierno Nacional se retrucan con, palabras más o menos, “le hacés el juego a la derecha”.
La represión al Pueblo Qom fue un quiebre personal. La impotencia de no poder escribir donde siempre se descargó en un texto de opinión (http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/) que circuló entre amigos y compañeros. Como nunca antes hubo respuestas que acusaban de ser “funcional a la derecha”.
A cinco meses de aquel texto, y visto el accionar del Gobierno, quienes le hace el juego a la derecha son quienes silencian represiones y son cómplices, por acción u omisión, de asesinatos.
No hay acción de Gobierno (por justa y revolucionaria que sea –y este Gobierno ha tomada varias–) que pueda compensar la complicidad ante el derramamiento de sangre del campo popular.
“No se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos indígenas”, advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en marzo último en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Eduardo Galeano visitó el acampe Qom. Y fue menos diplomático: “(Los indígenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder”.
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Derechos Humanos
Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.
Los pueblos indígenas de Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que los víctimas de la última dictadura militar.
Pero su genocidio aún es negado.
“Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador e investigador Walter Delrío, co-director de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.
La Red de Estudios afirma que aún hoy peso sobre los pueblos originarios de Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.
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A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasará a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negado por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
Para los pueblos originarios no hubo un “nunca más”.
Casa de Gobierno. Mediodía del 27 de abril. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncia por cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular la venta de tierras a extranjeros.
A 700 metros de allí, la comunidad qom La Primavera cumplía cuatro meses de acampe en la avenida 9 de Julio y 48 horas de huelga de hambre. No solicitan dádivas. Exigen que se cumpla la ley (artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, y Convenio 169 de la OIT, de rango supralegal). Y piden justicia por la represión del 23 de noviembre de 2010, donde la policía provincial (en complicidad con Gendarmería Nacional) hirió a ancianos, mujeres y hombres. Y asesinó a Roberto López, abuelo qom de 62 años.
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Extranjerización
Los hermanos italianos Carlo y Luciano Benetton cuentan con un millón de hectáreas. ¿Será mejor que las adquiera el bonaerense Gustavo Grobocopatel?
El estadounidense Douglas Tompkins posee 270 mil hectáreas. ¿Será preferible que queden en manos del salteño Alfredo Olmedo?
No existen datos siquiera aproximados sobre extranjerización de tierras en el país. El proyecto de ley propone un registro de poseedores extranjeros de tierras rurales (otorgaría 180 días). Quizá el punto más relevante de la propuesta legislativa.
Federación Agraria Argentina (en antaño tan cercana a la Sociedad Rural, en la actualidad tan cerca del Gobierno) arriesga cifras tan dispares como difícil de comprobar. Suele mencionar un supuesto relevamiento propio, pero nunca lo hizo público. Igual los diarios lo citan como verdad revelada.
La extranjerización sólo tiene, por ahora, casos emblemáticas: Benetton, Tompkins, Joseph Lewis y Ted Truner.
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Pocos pueden oponerse a legislar sobre la venta de tierras a extranjeros. Sobre todo, no se opondrán quienes impulsan el actual modelo agropecuario porque una ley de ese tipo no afecta ningún interés de los ganadores del modelo de agronegocios actual (donde la soja es sólo su cara más visible).
Regular la extranjerización de tierras no combate el corazón de la injusticia rural: la concentración de la tierra. Muy pocos tienen mucha tierra. Muchos (campesinos e indígenas) tienen muy poco.
Datos duros del INTA: el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra. Es una reforma agraria, pero al revés.
Según el Censo Nacional Agropecuario de 1988 había en el país 422.000 chacras. Que disminuyeron a 318.000 en 2002 (un 24,6 por ciento menos).
Todo indica que en los últimos nueve años la concentración aumentó, pero (Indec mediante) no hay datos oficiales. En 2008, en plena disputa entre el Gobierno y la Mesa de Enlace, se realizó el Censo Agropecuario. Aportaría datos precisos luego de seis años de falta de estadísticas oficiales del sector rural. Pero el esperado relevamiento no escapó a las irregularidades del Indec. El Censo 2008 no abarcó todo el territorio nacional y nunca se presentaron todos los datos relevados. Consecuencia directa: los científicos sociales no lo toman como válido y, a su pesar, deben seguir manejándose con el Censo 2002.
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“Será una norma amplia, que proteja a los agricultores familiares (…) Hay modelos a mirar, como Brasil”, había anticipado la Presidenta el 1 de marzo al inaugurar la sesiones del Congreso.
El anuncio había creado expectativas en las organizaciones campesinas. Sobre todo porque la legislación de Brasil contempla la función social de la tierra, un anhelo de los movimientos rurales de base, que rechazan la concepción meramente mercantilista de la tierra, en busca sólo de rentabilidad, y que entienden a la tierra como un elemento indispensable para producir alimentos sanos para el pueblo, pilar la soberanía alimentaria de un país.
Sólo 58 días después del anuncio en el Congreso, el 27 de abril hubo cadena nacional para presentar el proyecto de ley. En ninguna de las siete carillas se menciona la función social de la tierra. Tampoco existe mención alguna a los “agricultores familiares”.
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Empresarios y gobiernos extranjeros no necesitan comprar tierras de Argentina para explotarlas según su necesidad.
El gobierno de Río Negro firmó en octubre de 2010 un acuerdo con China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo provincial como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china.
El gobierno de Chaco firmó un acuerdo en febrero último con el “fondo inversor” Grupo Alkhorayef, de Arabia Saudita. Se trata de 200 mil hectáreas del Impenetrable chaqueño, zona donde históricamente viven indígenas y cuyo monte fue diezmado por el avance sojero. El gobierno provincial hizo hincapié en que no se venderá la tierra, pero sí podrá sembrarse soja. “Si esas negociaciones avanzan, no sólo arbitrariamente se le impedirá el acceso a la tierra chaqueña a sus más legítimos destinatarios (indígenas y campesinos), sino que también se consumará un proceso irreversible de desmonte, arrasamiento, erosión y contaminación química que se potencia aún más al tratarse de suelos no aptos para la agricultura, por lo que estaremos cediendo el patrimonio de hoy y también el futuro de todos”, denunció el Foro Multisectorial por la Tierra del Chaco.
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El principal problema de campesinos e indígenas no es la extranjerización, sino el modelo agropecuario que en la última década avanzó sobre todo lo que se interpuso.
En 2001 se sembraron en el Argentina 10 millones de hectáreas con soja. En 2003 había 12 millones. Luego de siete años de kirchnerismo ha llegado al récord de 19 millones de hectáreas con monocultivo de soja, el 56 por ciento de la tierra cultiva. Nunca antes la soja había crecido tanto.
“Corrimiento de la frontera agropecuaria”, festejan los técnicos y funcionarios. En la cotidianidad del campo implicó desalojos tan violentos como masivos. El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) estima un piso de 200 mil familias rurales expulsadas por el avance sojero. Donde el MNCI tiene gran presencia, como en Santiago del Estero y Córdoba, las topadoras suelen estar al servicio de pooles de siembra y de la Mesa de Enlace (sobre todo Federación Agraria, Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas).
Ni el gobierno nacional ni los provinciales tienen cifras sobre los conflictos rurales originados por el avance de los agronegocios.
La Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) es un colectivo multidisciplinario integrado por un organizaciones sociales, ONG ambientales, académicos y técnicos del Norte del país. En octubre de 2010 presentó el relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas (el equivalente a 390 veces la ciudad de Buenos Aires) y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de sólo seis provincias del norte argentino (Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe y Córdoba).
“La raíz de los conflictos de tierra se encuentra en la disputa por el uso y control del espacio territorial a partir de la imposición de una cultura sobre otra. Por un lado el agronegocio, donde la tierra es un espacio para producir y hacer negocios, y por el otro la cultura indígena y campesina, donde la tierra constituye un espacio de vida”, denuncia la Redaf en su informe.
El grueso de los conflictos (89 por ciento) se iniciaron a partir del 2000. “Coincide con el impulso del modelo agroexportador, favorecido por las condiciones del mercado internacional para la comercialización de la soja, que trajo como consecuencia la expansión de la frontera agropecuaria en la Región Chaqueña”, recuerda el informe.
El 19 de abril, en un hecho inédito, una decena de organizaciones campesinas compartieron con un puñado de legisladores una propuesta de ley para frenar los desalojos rurales. La unión en la acción de organizaciones con diferencias ya de por sí fue un hecho auspicioso.
A pesar de distintos niveles de adhesión al gobierno nacional, no se evidenció voluntad política del oficialismo para con el proyecto. Estuvieron presentes muy pocos diputados, una decena de asesores y no fue tapa de los medios oficiales.
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La resolución 125 marcó un antes y después en la visibilización del modelo agrario.
“Se trata de un modelo basado en la extrema ‘zojización’, motorizada por grandes empresas que conforman una parte importante de lo que hemos denominado el ‘sistema de agronegocios’. En este modelo talla fuerte un grupo de grandes empresas y sujetos que controlan sectores clave del sistema agroexportador: compañías exportadoras, grandes sojeros, pooles de siembra, semilleras”, explican Miguel Teubal y Tomás Palmisano en el recientemente publicado “Del paro agrario a las elecciones de 2009”.
En el apartado “El conflicto agrario, características y proyecciones”, los economistas del Instituto Gino Germani (UBA) hacen un detallado análisis de la estructura agraria, afirman que ninguno de los actores de la resolución 125 cuestionó el modelo, aseguran que de ninguna manera implicaría la quiebra de los chacareros ni tampoco implicaba una medida distributiva. Concluyen que, a lo largo del conflicto, nunca se cuestionó el modelo.
Los investigadores precisan que siete empresas concentran el 83 por ciento de la exportación de porotos de soja (Cargill, Noble Argentina, ADM, Bunge, LDC-Dreyfus, AC Toepfer y Nidera). El 82 por ciento del aceite de soja se lo reparten cinco compañías (Bunge,, LDC-Dreyfus, Cargill, ADG y Molinos Río de la Plata). En tanto el 90 por ciento de los derivados de soja queda en manos de seis actores (Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Molinos Río de la Plata).
Ninguno de estos actores sintió peligrar sus intereses durante el conflicto por la resolución 125.
“Al Gobierno le convenía impulsar el modelo sojero pues le permitía lograr importantes superávit de la balanza comercial y fiscal necesarios para, entre otras razones, hacer frente al pago de la deuda externa. Asimismo ‘al campo’ le interesaba mantener un modelo que le era altamente rentable. Quizá por estas razones ninguno de las dos parte en conflicto criticó al modelo sojero que se mantuvo relativamente intacto, y sigue incólume en la actualidad”, afirman Miguel Teubal y Tomás Palmisano.
No hay candidato político, oficialista u opositor, que proponga modificar (al menos gradualmente) el actual modelo agropecuario. Pino Solanas es muy claro con su rechazo a la megaminería, pero (como el resto de la oposición) asistió y sonrió a gusto en la última Expoagro, el gran evento del sector.
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Estado cómplice
La Red Agroforestal advierte que el rol del Estado es uno de los puntos centrales que los indígenas y campesinos identifican como responsables, por acción u omisión, para la resolución de los conflictos. “Existe impunidad y falta de decisión política de los gobiernos para resolver la problemática. Es notoria la inoperancia y faltas de respuestas estatales. Los gobiernos desoyen reclamos y, cuando escuchan, se manejan con punteros políticos con el fin de dividir a las comunidades y organizaciones”.
Denuncia que todos los conflictos son “disimétricos”. Donde empresas, personas físicas con recursos económicos y el Estado disputan las tierras con familias campesinas e indígenas, “donde los primeros controlan la información, tienen incidencia en los medios de comunicación, poseen mayores recursos y principalmente tienen o se relacionan con el poder”. Y cuestiona duramente al actor de mayor peso al momento de proteger al pueblo: “Llama la atención el escaso apoyo del Estado a los campesinos e indígenas, y su intervención protagónica como la otra parte del conflicto, ya sea en forma directa o indirecta. Indica claramente que aunque en el discurso lo cuestione, en la práctica sigue apoyando el modelo de producción extractivista y atentando contra la vida indígena y campesina”.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física.
“Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales (…) La disputa territorial entre el agronegocio y las comunidades indígenas y campesinas, y la violencia que el primero despliega sobre los segundos, es síntoma de un proceso de concentración”, explica el colectivo de científicos sociales que integran el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal
El 12 de octubre de 2009 fue asesinado en Tucumán el diaguita Javier Chocobar. El 13 de marzo de 2010, en el paraje santiagueño de San Nicolás, falleció la campesina Sandra “Eli” Juárez, 33 años, luego de enfrentar una topadora que pretendía avanzar sobre tierras donde siempre vivió su familiar. El 23 de noviembre pasado, durante una represión policial, fue asesinado en Formosa Roberto López, qom de la comunidad La Primavera, que en un corte ruta reclamaba por el derecho a habitar tierras ancestrales. Ambos asesinatos se mantienen impunes.
La criminalización también aumenta. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) denuncia que, sólo en Neuquén, existen 40 causas penales contra el Pueblo Mapuche, 200 imputados acusados del crimen de defender el territorio donde viven desde hace generaciones.
La represión y criminalización no es ejercida, salvo excepciones, por extranjeros. La violencia, las balas, los juicios y cárceles son promovidos por “compatriotas”, y con total colaboración de los gobiernos provinciales y el Poder Judicial, también todos argentinos.
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País serio
“No se afectará los derechos ya adquiridos. Esto quiero que quede absolutamente claro, porque si no significaría cambiar las reglas de juego y perjudicar a aquellos que adquirieron de buena fe con reglas que estaban vigentes hasta ese momento”, remarcó la Presidenta cuando anunció el proyecto de ley sobre extranjerización de tierras. Y consideró que, no respetar la legislación, “hablaría de un país poco serio”.
Pueblos originarios y campesinos cuenta con legislación que protege sus derechos territoriales. Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), Convenio 169 OIT, Ley 26160, Posesión Veinteañal vigente en el Código Civil. La Redaf precisa en su relevamiento que en el 99 por ciento de los conflictos por tierras se determinó que indígenas y campesinos carecen de títulos que, por las leyes vigentes, el Estado y el Poder Judicial debieran reconocer. El 93 por ciento de los conflictos (153) se producen por alguna acción que vulnera los derechos de los campesinos y comunidades ancestrales con relación a la tenencia de la tierra.
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Aviso
Cientos de indígenas de todo el país marcharon en mayo de 2010 durante diez días. Por primera vez en 200 años un masiva marcha indígena llegó hasta Plaza de Mayo y se entrevistó con el Ejecutivo Nacional.
Una veintena de dirigentes indígenas se vio con la Presidenta. Luego de exponer sobre las necesidades y deseos, y hacer eje en la defensa del territorio y el rechazo al modelo extractivo (soja, monocultivo de árboles, minería, avance petrolero), la Presidenta tomó la palabra y anunció que, en caso de descubrir petróleo en una comunidad indígena, el traslado será lo menos traumático posible.
Los dirigentes indígenas, muchos con gran afinidad al Gobierno Nacional, experimentaron una mezcla de sorpresa y decepción. Se preguntaban si la Presidenta no había entendido el reclamo indígena o tenía una decisión tomada.
Respetados compañeros que apoyan al actual gobierno no se cansan de buscar explicación, y suelen terminar la discusión con un argumento: “Son las contradicciones del modelo”.
Lo sucedido con la comunidad La Primavera señala que no se trata de contradicciones. Son decisiones con costos humanos reales. El geométrico avance de la minería a gran escala es un ejemplo. Aunque quizá el más evidente es el “Plan Estratégico Agroalimentario 2010-2016”, proyecto oficial que apuesta a aumentar la producción de soja (entre otros productos) en 20 millones de toneladas, ampliará aún más la frontera agropecuaria y multiplicar las consecuencias ambientales y sociales.
La decisión del Gobierno Nacional es avanzar sobre tierras campesinas e indígenas.
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Decisiones
A cinco meses de la represión del Pueblo Qom de Formosa ya no hay espacio para negar la complicidad del Gobierno Nacional con el gobernador Gildo Insfrán.
A pesar de la sistemática violación de derechos humanos, Cristina Fernández de Kirchner mantiene una alianza inquebrantable con Insfrán. Se evidencia en la acción del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sobre el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), el único espacio estatal que brindaba asistencia a la comunidad La Primavera. Fernández limitó la acción del presidente del Inadi, Claudio Morgado (el trabajo sucio quedó a cargo de la vicepresidenta a María Rachid).
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dependiente de Alicia Kirchner, actúa en consonancia con Insfrán. A pesar de contar con valiosos cuadros técnicos, nada pueden esperar las comunidades en lucha de un organismo que sólo funciona como valla de contención de los reclamos originarios.
Pero la más clara, y triste, evidencia es el silencio de la Presidenta. Nunca se refirió al tema en público, nunca recibió a la familia de Roberto López. Ni siquiera el prolongado acampe en avenida 9 de Julio ni la huelga de hambre han provocado un gesto presidencial.
“El genocidio actual de los pueblos indígenas ya no es más con armas. Se produce invisibilizando, omitiendo, dejando que se mueran, es un genocidio por omisión”, afirmó en 2008 el ministro de Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni.
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Unidos contra los Qom
Lluvioso. Sábado 30 de abril. La muerte de Ernesto Sábato marca la agenda mediática. El 1 de mayo no hay diarios. Las guardias periodísticas están al mínimo.
La Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires expidió a primera hora una orden para liberar el corte en la avenida 9 de Julio. En un hecho con pocos antecedentes, el Ministerio de Seguridad de la Nación de inmediato dio luz verde para que la Policía Federal se haga presente en el lugar. Más de cien efectivos se apostaron para liberar el tránsito, frente a indígenas que comenzaban su sexto día de huelga de hambre.
No hubo acuerdo ni se levantó el reclamo ni la huelga de hambre. Sólo primó el sentido común de la comunidad que, al despejar la calle, evitó la represión. “Nos avisaron que nos iban a correr por la fuerza y luego nos iban a llevar presos. La lucha se mantiene”, explicó Félix Díaz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había solicitado, el 26 de abril, al Estado argentino que adopte una medida cautelar en favor de la comunidad qom. La Comisión instó al Gobierno a que “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física” de los qom “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”.
Cuatro días después, el Gobierno hizo todo lo contrario: envió un centenar de efectivos para desalojar la avenida 9 de Julio.
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La viceministra de Seguridad, Cristina Caamaño, reconoció a sus colaboradores más cercanos que “no hay orden (de Presidencia) para negociar” con los Qom. “Si no liberan la 9 de Julio, serán detenidos. Si se suben a la plazoleta, no habrá detenciones”, afirmó un muy cercano colaborador de la viceministra y ex fiscal, de destaca labor para investigar el asesinato de Mariano Ferreyra.
“Distinta vara” suelen llamar algunos periodistas. El gobierno nacional recibió a la familia de Mariano Ferreyra y utilizó toda su estructura para buscar justicia. Ya están presos los presuntos actores materiales e intelectuales del asesinato.
A la familia del qom Roberto López nunca la recibió. En la escandalosa causa judicial por la represión de Formosa hay una veintena de precesados: todos de la comunidad qom La Primavera. Ningún policía, ningún gendarme, ningún funcionario del gobierno de Formosa.
Gildo Insfrán es gobernador desde 1995. Y ya se postula para un quinto mandato. Fue menemista, duhaldista y, desde 2003, férreo defensor del modelo kirchnerista.
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El cómodo oficio de ocultar
“Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa: el resto es propaganda”. Es una de las tantas definiciones que circulan entre estudiantes de periodismo. Se la adjudican a media decena de periodistas, pero la mayoría de las veces citan como autor a Horacio Verbitsky.
La represión al Pueblo Qom dejó en evidencia al periodismo de los grandes medios de comunicación.
Los canales de televisión, radios y diarios cercanos (o acríticos) al Gobierno enfocaron la represión como un enfrentamiento, adaptación moderna de la teoría de los dos demonios. Luego, cuando la realidad ya no se podía esconder, apuntaron como único responsable político al gobierno provincial. Ese era el límite. En estos cinco meses, rara vez (muy pocas) estos medios apuntaron a la complicidad del gobierno nacional en los días que siguieron a la represión.
En contraposición, los medios que claramente actúan como partidos de oposición (sobre todo luego de la 125 y Ley de Medios) apuntaron desde un primer momento a la alianza Insfrán-Cristina Fernández. Pero nunca citaron el fondo de la represión: el modelo agropecuario actual, que avanza con soja, desmontes, desalojos y obliga también al corrimiento de la frontera ganadera. No apuntan este motivo porque esos medios de comunicación son un engranaje fundamental en el desarrollo, consolidación y avance de ese modelo.
El periodismo ya no es importante por lo que dice, sino por lo que oculta.
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El “periodismo militante” de la agencia de noticias Télam es un caso testigo del periodismo actual. Télam censuró el domingo 17 un artículo sobre desalojos campesinos de un experimentado colega. Sólo fue publicado, el lunes 18, luego de que el colega pateara puertas, discutiera y exigiera se le respetara su trabajo y trayectoria.
El miércoles 27 de abril, luego de innumerables trabas para ejercer su trabajo cotidiano, la periodista especializada en pueblos originarios anunció que dejaba de escribir sobre la temática hasta nuevo aviso. Desde 2001 se dedicó a conocer, visitar y escuchar a comunidades indígenas. Una década de visitar el territorio y dar testimonio sobre la realidad indígena de Argentina. No explicó por qué tomó esa decisión dolorosa (para ella y las comunidades), pero todo aquel que recibe los despachos de Télam puede imaginar por qué.
El 19 de abril a las 20.48 la agencia Télam despachó el cable titulado “Insfrán participó de encuentro multiétnico e inauguró obras”. Dio cuenta de que 6.000 aborígenes lo aclamaron y, como muestra de ese afecto, aportó supuestos dichos de indígenas: “Hemos mejorado mucho en todos estos años, y eso se debe a la sensibilidad de un gobierno popular que supo interpretar las necesidades de los pueblos originarios”.
El último párrafo no deja dudas. “(Los indígenas consideraron que) Ha sido precisamente el gobierno justicialista de la nación y de la provincia quienes nos han reivindicado plenamente en nuestros derechos”.
Los periodistas tenemos el derecho de no firmar los artículos que nos solicitan escribir pero con los que no estamos de acuerdo, ya sea por línea editorial, edición o, también, porque la información no es verdad.
El cable de Télam no fue firmado por el redactor.
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“Una cosa es resolver de dónde sacamos el dinero para pagar las expensas y otra es hacer periodismo. Creo que no debemos confundir una con otra. En esta profesión dar la espalda a la realidad tienen un precio. No darla, también”, dice un viejo texto de la cooperativa periodística La Vaca, donde también se arriesga una definición. “Decir lo que hay que decir y contar lo que hay que contar: eso es lo que tienen que hacer un periodista donde pueda”.
Y deja, por un momento, en segundo plano el rol de las empresas periodísticas. “¿Vamos a seguir alegando obediencia debida para seguir contando lo que no pasa y ocultando lo que pasa? (…) Dejemos de sostener, a precios cada vez más bajos, esos trabajos basura, porque corremos el riesgo de convertirnos en basura también nosotros.”
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El juego a la derecha
Muchas críticas al Gobierno Nacional se retrucan con, palabras más o menos, “le hacés el juego a la derecha”.
La represión al Pueblo Qom fue un quiebre personal. La impotencia de no poder escribir donde siempre se descargó en un texto de opinión (http://darioaranda.wordpress.com/2010/11/28/%C2%BFderechos-humanos/) que circuló entre amigos y compañeros. Como nunca antes hubo respuestas que acusaban de ser “funcional a la derecha”.
A cinco meses de aquel texto, y visto el accionar del Gobierno, quienes le hace el juego a la derecha son quienes silencian represiones y son cómplices, por acción u omisión, de asesinatos.
No hay acción de Gobierno (por justa y revolucionaria que sea –y este Gobierno ha tomada varias–) que pueda compensar la complicidad ante el derramamiento de sangre del campo popular.
“No se puede hablar de derechos humanos y apoyar a un gobernador que reprime y mata hermanos indígenas”, advirtió Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en marzo último en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Eduardo Galeano visitó el acampe Qom. Y fue menos diplomático: “(Los indígenas) tienen voz, pero son los no-escuchados, que son justamente los que ahora están aquí acampando, rodeados del desprecio general, del casi silencio, a los que el Gobierno no les da la menor pelota, cuando tendrían que ser los primeros de la fila, mucho antes de todos los políticos que buscan pedazos de poder”.
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Derechos Humanos
Secuestro de personas. Robo de bebés. Torturas. Campos de concentración. Desaparecidos.
Los pueblos indígenas de Argentina sufrieron exactamente lo mismo que las víctimas de nazismo y que los víctimas de la última dictadura militar.
Pero su genocidio aún es negado.
“Nunca cayó el régimen que implementó las campañas militares a fines del siglo XIX y principios del XX que derrotaron la autonomía indígena, a fuerza de masacres, para consolidar al Estado nacional. Hay una continuidad hasta nuestro presente”, explica el historiador e investigador Walter Delrío, co-director de la Red de Estudios sobre Genocidio en la Política Indígena Argentina.
La Red de Estudios afirma que aún hoy peso sobre los pueblos originarios de Argentina un proceso con prácticas genocidas. Ayer fueron las las balas, esclavitud y asesinatos. Hoy es la avanzada territorial sobre las comunidades, desalojos, represión, privación de formas de subsistencia, hambre, discriminación y olvido.
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A 28 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno nacional decidió que la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, pasará a manos de los organismos de derechos humanos, que erigieron allí un espacio para la memoria del nunca más.
A 130 años del inicio de la Campaña del Desierto, los pueblos indígenas no cuentan con ningún espacio similar. Al contrario, el emblema principal de aquel avance militar, Julio Argentino Roca, cuenta con numerosas calles y escuelas con su nombre, y se mantienen monumentos que se asemejan al colmo: en el centro de Bariloche, pleno territorio mapuche, una estatua de Roca se erige desafiante. Es imposible imaginar una estatua de Jorge Rafael Videla en Plaza de Mayo.
En 1994 se sancionó la Ley 24.411, que establece que el Estado deberá pagar a los familiares de los asesinados y desaparecidos una indemnización por el terrorismo de Estado padecido. Ningún tipo de indemnización o reparación se planteó jamás para las víctimas del genocidio indígena.
En la actualidad, la sistemática violación de derechos humanos de pueblos indígenas no escandaliza a la opinión pública. Incluso es negado por un sector de intelectuales, políticos, comunicadores y referentes de opinión.
Las víctimas del genocidio indígena no fueron (ni son) sectores urbanos, ni clase media.
La negación tiene raíces étnicas y de clase social. Y, sin duda, económicas. Los distintos modelos productivos del último siglo y medio (agroexportador, petrolero, forestal, minero) tuvieron como escenario gran parte de los ancestrales territorios indígenas.
Para los pueblos originarios no hubo un “nunca más”.
23 nov 2010
El Algarrobo 23/11/2010: Corte de Ruta de Agricultores en Choya
COMUNICADO DE PRENSA
EN EL DÍA DE LA FECHA, AGRICULTORES Y FINQUEROS DE ANDALGALÁ, ESTÁN REALIZANDO UN CORTE EN EL DISTRITO CHOYA, CAMINO A MINAS CAPILLITAS (otro distrito de Andalgalá).
ANTE UN NUEVO ATROPELLO DE LA EMPRESA MINERA YAMANA GOLD QUE, INCUMPLIENDO UNA ORDEN JUDICIAL DEL JUEZ EN MINAS Guillermo Cerda, ÉSTA SIGUE TRABAJANDO EN EL PROYECTO AGUA RICA: HAY UNA MÁQUINA RETRO EXCAVADORA TRABAJANDO EN EL YACIMIENTO, CORRIERON APROXIMADAMENTE UNOS 5KM EL PORTON DE LA ENTRADA AL YACIMIENTO, VAQUEANOS VIERON CÓMO TRABAJA LA MINERA REALIZANDO CAMINOS, ENTRE OTROS HECHOS.
CON ESTA SITUACIÓN, AGRICULTORES Y FINQUEROS, Y TENIENDO LA FIRME CERTEZA DE QUE ESTE PROYECTO MINERO DE YAMANA GOLD AFECTA DE MANERA DIRECTA SU AGUA DECIDIERON CORTAR EL CAMINO HACIA MINAS CAPILLITAS (que es el camino por donde la empresa y sus proveedores mineros utilizan ahora).
LAS ULTIMAS NOTICIAS QUE TIENE LA ASAMBLEA “EL ALGARROBO” ERA DE QUE LA POLICÍA HABRÍA ACUDIDO, APARENTEMENTE CON UNA ORDEN JUDICIAL, A DESALOJAR EL LUGAR.
POR EL MOMENTO, SIENDO LAS 15.30 HS DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2010, NO TENEMOS MÁS NOTICIAS PARA INFORMAR.
EN EL TRANSCURSO DEL DÍA Y A MEDIDA QUE LA INFORMACIÓN LLEGUE, EMITIREMOS MÁS COMUNICADOS PARA INFORMAR SOBRE LA SITUACIÓN.
LA PAZ SOCIAL NO EXISTE EN ANDALGALÁ
A PESAR DE QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA (PAGADOS POR LA EMPRESA MINERA) DE LA PROVINCIA Y/O NACIONALES QUIERAN OCULTAR O DESINFORMAR A LA OPINION PÚBLICA EN GENERAL.
ASAMBLEA EL ALGARROBO
SI A LA VIDA
SI A LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS
SI AL AGUA PURA
NO SE VAN A INSTALAR ESTAS MINERAS SAQUEADORAS, CONTAMINANTES, USURPADORAS.
Asamblea El Algarrobo
Agradece la Participación y la Difusión
para colaborar económicamente con El Algarrobo:
Nº de Cuenta de Banco Nación:
Suc. 1060 - Andalgalá
Cuenta: 1150261402
CBU: 01101153/30011502614029
www.prensaelalgarrobo.blogspot.com
www.lavozdelalgarrobo.blogspot.com
www.lavisiondelalgarrobo.blogspot.com
28 jul 2010
Contra "Los trenes de la muerte"
El sábado 8 de mayo, en el día de la minería, se realizó en Puerto General San Martín, ubicada en el Cordón industrial del Gran Rosario, una actividad en contra de la megaminería contaminante. La actividad se realizó en solidaridad con los vecinos de la asamblea “El Algarrobo” de Andalgalá, en repudio al saqueo de los recursos naturales estratégicos en manos de empresas multinacionales, y en denuncia por los efectos devastadores que genera este tipo de actividad extractiva sobre el medio ambiente, y los impactos sociales que genera.
Puerto San Martín, es una localidad muy particular, porque allí arriban los “trenes de la muerte”, donde desembarcan y se llevan los metales extraídos de la cordillera; dejándonos únicamente contaminación.
¡En Andalgalá no pasarán!
Marzo 2010
El pueblo de Andalgalá se encuentra actualmente en pie de lucha contra la instalación y construcción en curso de un nuevo proyecto minero al norte de la ciudad, cínicamente denominado mina de “Agua Rica”. Se trata de un proyecto que viene a continuar la política de saqueo y contaminación que estas industrias, con la colaboración y complicidad de los gobiernos local y nacional, vienen desarrollando desde hace años a costa de la vida de sus habitantes. Los vecinos y vecinas, autoconvocados en la Asamblea El Algarrobo, vienen enfrentando a la minería a cielo abierto y este último tiempo han protagonizado un proceso de lucha contra este y otros proyectos que amenazan su salud, su tierra y su propia permanencia en el pueblo. Han salido masivamente a las calles y llevado adelante una pueblada con grandes implicancias sociales y políticas.
Un poco de historia: el caso de Mina La Alumbrera.
Los andalgalenses ya conocen ampliamente las consecuencias de este tipo de emprendimientos, dado que desde hace trece años funciona allí la ya conocida minera La Alumbrera, tal vez el caso testigo de lo que estos mega-proyectos implican para los que adolecen su vecina instalación. No está de más recordar algunos datos ilustrativos para dimensionar sus repercusiones: se trata de una industria extractiva a gran escala, altamente tecnificada y muy diferente de la tradicional minería, que se emplaza en enormes extensiones de territorio y utiliza, para la extracción de los diferentes minerales (entre ellos, cobre, oro y plata) miles de toneladas de metales pesados y químicos altamente tóxicos como el cianuro. Asimismo, la cantidad de agua que este proceso requiere es terriblemente extravagante: se toman de los acuíferos locales 66 mil litros de agua por minuto, los cuales son, luego del procedimiento, irremediablemente contaminados y devueltos a los piletones o diques que operan de gigantescos basureros mineros y drenan sus desechos a las napas subterráneas.
Las derivaciones de este tipo de mega-proyectos no se hacen esperar, y afectan de manera dramática a las poblaciones que desde hace años viven allí. El uso indiscriminado del agua (la cual, de acuerdo al convenio establecido entre las empresas y los gobiernos, no es pagada por aquéllas) provoca su escasez generalizada en el pueblo, y una contaminación irreversible de los cursos de agua, que genera graves enfermedades entre los habitantes, siendo la más extendida el cáncer.
Existen otros impactos provocados por el accionar de estas empresas, como la destrucción de la geografía y el ecosistema local, con la consecuente pérdida de biodiversidad y la desertificación. Sucede que, durante la extracción, se utilizan cientos de toneladas de explosivos para dinamitar otras tantas toneladas de roca, arrasando con el paisaje y las formaciones naturales de la tierra. Así, va avanzando un panorama de desolación y muerte que destruye el hábitat natural de incontables especies autóctonas y amenaza con la perentoria expulsión y el éxodo masivo de las poblaciones allí ubicadas.
Por otro lado, las empresas, haciendo gala de su pretendida “responsabilidad social empresaria” y su política de “inserción social”, intentan mostrarse como los máximos guardianes de una supuesta “sustentabilidad” a través de un trabajo de divulgación entre los habitantes, que sólo ofrece mezquinas y falsas expectativas de “trabajo”, “progreso” y “producción responsable”. Tras trece años de funcionamiento, La Alumbrera ha significado exactamente todo lo contrario para los pueblos aledaños, siendo hoy en día Andalgalá una de las ciudades más pobres de Catamarca (evidenciado en la crisis financiera del municipio local), sin trabajo digno ni estable para las mayorías y con un creciente deterioro ambiental que repercute directamente sobre las fuentes de sustento de los pobladores y pobladoras.
Resistencia y pueblada contra Agua Rica
Agua Rica es, como adelantábamos, un nuevo proyecto minero de la Yamana Gold Inc. con una extensión tres veces mayor que el de La Alumbrera y que viene siendo resistido desde su anuncio por los habitantes del pueblo y las comunidades originarias diaguitas, quilmeñas y calchaquíes cortando las rutas, bloqueando la entrada y salida de los gigantescos camiones que transportan el mineral en roca, denunciando y concientizando a través de campañas de difusión y accionando por vías legales. La única respuesta que han tenido de los gobiernos locales ha sido la represión más brutal, la persecución y el terror que infunden a través de amenazas y detenciones, violando los derechos humanos más elementales y criminalizando a los y las que luchan por sus derechos a un ambiente sano y una vida digna.
Así fue cuando, recientemente, se anunció el proyecto Pilciao 16, de la minera canadiense Billinton, y que tiene entre sus planes la exploración y posterior explotación de zonas urbanas, con 29 minas proyectadas en plena ciudad. Sí, pretende avanzar con su ambición de saqueo y contaminación sobre zonas pobladas, sobre las viviendas de los propios andalgalenses. La empresa ofrece a los habitantes una serie de indemnizaciones para que se vayan y dejen el pueblo, como nos relataba una compañera de la Asamblea El Algarrobo, el espacio autoconvocado que viene luchando contra la instalación de este proyecto.
Ante este hecho, la resistencia en Andalgalá se tornó masiva y se extendió a ciudades vecinas, como Santa María y Belén. Tras la violenta represión de la policía y la gendarmería durante un corte realizado el 15 de febrero, la movilización se transformó en una pueblada que incluyó el incendio de parte de la municipalidad y el ataque a las oficinas de la Yamana Gold. Frente a la evidente magnitud de la movilización, el gobierno local ha tenido que echarse atrás y suspender las obras “hasta que vuelva la paz social”, como dijo el intendente pro-minero, inclusive llamando a un referéndum.
Sin embargo, la asamblea El Algarrobo no se ha quedado con esto y piensan continuar con la movilización y la lucha desde abajo, hasta que la instalación de la mina se suspenda. Porque, como dicen en un comunicado, “amamos esta tierra, esta ciudad fue construida por nuestros abuelos y la seguimos construyendo, por eso es nuestra, no le pertenece a una empresa minera, ni al gobierno, esta tierra es de nosotros”.
Nicolás Moro
Entrevista a Marcela Moreno de la asamblea "El Algarrobo" de Andalgalá.
Marzo de 2010.
El lunes 15 de Febrero la ciudad de Andalgalá fue testigo de la más cruenta represión por parte de la policía catamarqueña hacia la Asamblea de vecinos autoconvocados “El Algarrobo” que se encontraban cerrándole el paso a la minera “Agua Rica”. Este nuevo proyecto minero al norte de la ciudad viene nuevamente a confirmar la política de saqueo y contaminación del capitalismo (en complicidad con los gobiernos provinciales y nacionales) de la vida y la tierra de nuestros pueblos.
Los vecinos y vecinas, autoconvocados en la Asamblea “El Algarrobo”, vienen enfrentando a la minería a cielo abierto y este último tiempo han protagonizado un proceso de lucha contra este y otros proyectos que amenazan su salud, su tierra y su propia permanencia en la ciudad. En esta oportunidad Semillas de Rebelión junto con Socialismo Libertario (Rosario) tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marcela Moreno, integrante de la Asamblea “El Algarrobo”, en una visita realizada a la ciudad de Rosario.
¿Hace cuanto tiempo que existe la minería a cielo abierto en Catamarca?
Marcela: Hace 12 años que está La Alumbrera y está haciendo cualquier tipo de destrozos, es la que nos está dejando en ruinas.
Y la minera Agua Rica está en lo que es la ciudad de Andalgalá, ¿verdad?
M: Claro en todo Andalgalá, en el cerro La Aconquija, pero todavía no está en funcionamiento porque nosotros lo estamos deteniendo.
¿Cómo es que se le da inicio a su lucha en contra de la minera Agua Rica?
M: La lucha empieza hace como 8 años principalmente por el agua, por un mineroducto que se forma en mi pueblo. Ahí es que me reúno con personas del centro de Andalgalá y empezamos la lucha. Ahí empezamos a investigar de todo lo que era contaminación, que era el mineroducto, y como contaminaba el agua potable.
Desde entonces hicimos muchas cosas, marchas, peleamos, se unió más gente a la lucha. Tuvimos muchas mentiras por parte de las autoridades. Pasamos por muchas cosas: nos decían que éramos terroristas porque asustábamos a los niños. Éramos perseguidos. A los medios la minera le ponía plata. Recibíamos amenazas en el trabajo. Encontramos hasta papelitos donde decían que a nuestros hijos los iban a matar. Peleamos mucho, presentamos muchos papeles.
Paso bastante tiempo hasta que se suma más gente a nuestra lucha. Éramos los “autoconvocados por la vida” porque peleábamos siempre por el agua. Tratamos siempre de viajar, salir a otras provincias y llevar el problema de Andalgalá hacia otros pueblos.
El problema más grande lo tuvimos, cuando en el consejo deliberante de Andalgalá, un concejal se asusta al leer una resolución donde decía que Andalgalá iba a ser vendida, y la gente no sabía nada de que nos querían sacar de allí para venderle las tierras a una empresa extranjera... eso empezó hace como dos meses, desde que empezó el corte a los camiones de la empresa. Cuando el concejal lo ve, se asusta y empieza a llamar a todos los que estábamos en la lucha por la contaminación del agua. Y el primero que se entera es un señor llamado Aldo Flores, que enfrenta a la policía con su bicicleta, empieza a impedir el transito a las empresas en la ruta con una bandera. Allí lo único que encontró para hacer el corte es un algarrobo pequeño, hace el corte y se queda ahí la sombra, de ahí nuestro nombre “Asamblea El Algarrobo”.
Bueno con semejante decisión que el toma, entonces los demás nos adherimos al corte. Bueno y ahora allí tenemos una carpa (…) bueno tenemos de todo para poder hacer los turnos de día y de noche. Ahí armamos una carpa para dormir.
¿Cómo fueron los sucesos del día 15 de Febrero, el día de la represión por parte de la policía de la provincia?
M: Hasta el lunes ese... El lunes 15 de febrero es cuando nos enfrentamos. Nosotros nunca tuvimos armas, era todo a mano limpia, nos llevábamos de las leyes, teníamos la fe de la gente, la unión de la gente. Estaba pensado que hubiera un grupo de 10 personas para que las camionetas no pasen. La cuestión es que llegaron ellos, y le pedimos a esta gente que no se metieran para que no hubiera violencia y no hubiera problemas. Ese era el mandato de la asamblea, que no hubiera problemas, y bueno al ser votado en la asamblea eso se respeta... Por supuesto las cosas no suceden pacíficamente y ahí nos empiezan a pegar sin mesura, a algunos, entre ellos yo, nos llevan a la comisaría. Intentan llevarse a un segundo grupo, y como no los podían levantar llevaron gas y pimienta y nos echaron en la cara, no podíamos respirar, al no poder defendernos nos arrastraron por el ripio. Muy lastimados porque claro allí hay arena y piedras. Fuimos muy golpeados. Nos apuntaban al pecho, mujeres, chicos heridos, hay un bebe de tres meses con un tiro en las piernas, un niño de 5 años con un tiro en el estomago que lo llevaron a Catamarca. Era una guerra, había gritos, tiros, bombas, largaron los perros que llevaban.
¿Cómo es la reacción de la gente del pueblo al enterarse que estaban siendo reprimidos por la policía?
M: Una radio local estaba transmitiendo lo que pasaba y entonces ahí el pueblo se entera. Y decide dividirse en tres partes: estar en el corte para que no sigan pasando las máquinas, otro grupo en la puerta de la comisaría donde estábamos algunos de nosotros presos y el otro estaba en el centro de la ciudad de Andalgalá por la gente que habían llevado ahí.
Una asamblea ya no podía controlar a un pueblo enojado. Hicieron todo lo que pensaban que tenían que hacer, quemaron la municipalidad. Los chicos corrían. La gente los ayudaba porque bien sabían que el juez de la ciudad y la fiscalía dio la orden de la represión, junto con el intendente que, por supuesto, se escaparon.
Pero no la sacaron muy barata porque los muchachos resistieron, “lo hicieron sonar”, le quitaron los cascos, le dieron una paliza al equipo especializado, que no te imaginas. Ahí es cuando se retiran (...) La bronca por ver los que nos habían hecho a nosotros, se metían por los montes, por los pies de los cerros, es impresionante ver como salía gente de todos lados (...) Tenemos el peso de toda nuestra lucha de que sos responsable de la vida de un pueblo, de repente ver a un pueblo ahí, era un alivio muy grande para mí.
Hubo un cambio en la respuesta de la gente, porque al principio, antes de que estuviera la asamblea, el corte, la gente como que estaba un poco más alejada (…) ellos nos tenían a nosotros como los salvadores (…) pero en el momento en que nos querían desalojar, que había policía de afuera, y se escuchaba la radio que avisaba, decía aguante la asamblea y pedía:- por favor, pueblo, apúrese…y la gente llegó.
¿Les abrieron causas judiciales?
M: Si, estamos haciendo denuncias, tenemos abogados (…) A mí por ejemplo me estuvo buscando la policía antes de venirme (…) a uno de mis compañeros fueron y le hicieron un allanamiento y no sabemos por qué, el no aviso a la asamblea, no sabemos que es lo que buscaban, le revolvieron todo en la casa, lo acusaron de golpear a un periodista y de quitarle la máquina…
¿Y luego de la represión como siguió la asamblea?
M: Sentimos como que ganamos una batalla, pero a la vez nos estamos mentalizando de que vamos a tener que volver a resistir porque la minera sigue con la idea de instalar la planta. Está suspendida por ahora la instalación, pero las camionetas las vemos que circulan en Andalgalá, hacen reuniones, dicen que están tomando gente para trabajar en ellas.
Esta resolución para vender las tierras de Andalgalá a la minera ¿por quiénes está firmado?
M: Y muchos, está firmado y sellado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Andalgalá y la secretaría de Estado de Minería de la provincia de Catamarca, José Guillermo Sinner es el secretario y allí aparece su firma.
¿Cómo piensan llevar adelante esa resolución que hizo que empezara este conflicto?
M: (…) lo que nosotros anduvimos haciendo, como yo le llamo el trabajo de hormiga, es explicándole a la gente qué es lo que dice este papel. Figura que hay dos minas privadas, no sabemos de quién (…), veintinueve minas en plena ciudad de Andalgalá. Incluso llega hasta otro pueblo saliendo de Andalgalá que es Pomán y Saugil, que está pensado darle una indemnización a la gente para que se vaya y deje el pueblo.
Entonces Andalgalá dejaría de existir.
M: Claro, la gente en primer lugar dice esta indemnización nos dura un año (…) pero después qué hacemos, quién nos devuelve nuestro trabajo, quién nos devuelve nuestras tierras, nuestras casas…
Entonces la gente y el pueblo le dice no, el pueblo no se vende...Aquí están todos los pueblos por reventar, tienen su nombre, su distancia...La Aguada, Villavil, el pueblo donde yo vivo, Capillita, Colorado, El durazno, están todos...
¿Y cuál fue la respuesta oficial de este conflicto?
M: A nosotros nos dijeron que esto salió por equivocación. ¿Cómo va a ser así si está firmado por todos?: por el Fondo de Minería, etc.
¿Y ahora cuáles son los pasos a seguir?
M: Y ahora un poco dependemos del gobierno, porque acá están metidos, la presidenta, el gobernador de Catamarca y el intendente de Andalgalá. Hasta donde puede quedar libre la ciudad de Andalgalá?
La contaminación ya empieza a hacer estragos en nuestras vidas; en Andalgalá tenemos diabetes, tenemos asma, problemas en los riñones, dolores de huesos, las plantas de los pueblos se están secando y a su vez como le afecta a las provincias, si ellos logran instaurar las minas y no hacemos algo, si no nos unimos y no peleamos van a seguir por otras provincias... Si nos echan hacia las ciudades ¿qué va a pasar en las ciudades? ¿Nos vamos a empezar a comer los unos a los otros? (…) ¿Quién los va a recibir en otra provincia? ¿Quién les va a conseguir trabajo? ¿Quién les va a dar casa? ¿Qué van a comer? ¿A dónde van a ir a parar abajo de un puente? Y eso va a suceder si nosotros se lo permitimos.
¿Y a su vez se están manejando por vía judicial?
M: Estamos manejando todo por vía judicial, pero realmente a nosotros nunca nos dieron ni cinco de pelota, no les importa nada, y nos quieren tirar como si fuéramos animales para otro lado (…) Nosotros por ahora dependemos de lo que el gobierno haga, según lo que el gobierno haga, nosotros hacemos pero por suerte hay muchísima gente ayudando, hay abogados también porque en Andalgalá ningún abogado se quería hacer cargo de nuestros papeles porque la minera los extorsiona para que no se meta con la asamblea de autoconvocados, o sea la Asamblea “El Algarrobo”, entonces tuvimos que buscar un abogado de Buenos Aires para que nos defienda. Esperamos que salgamos victoriosos y que no intenten hacernos algo a la gente de la asamblea. Igual somos conscientes de que corremos ese riesgo, pero creo que si no actuamos todos juntos, todo un país, se pueden olvidar de nosotros y después meterse con otro pueblo, Córdoba, Santa Fé o Rosario mismo…
¿Ahora la Asamblea sigue manteniendo el corte?
M: Sí! Seguimos, ahí está.
Lo que nosotros pedimos y hablamos es que los pueblos que tiene algún tipo de contaminación es que hay que empezar a levantarse, porque no podemos esperar a la justicia, ellos lo que quieren es sacarte, sacar dinero. (…) hemos pasado a otra etapa de la vida, de la lucha en donde nosotros tenemos que decirles YA BASTA, queremos libertad para Argentina y que los extranjeros que se vayan, que nos dejen en paz. Nosotros hemos vivido, nuestros ancestros han vivido siempre aquí, que se larguen de aquí una vez por todas, eso pide el pueblo de Andalgalá, que sigamos en alto.
Yo les digo a todos, tenemos que unirnos, me refiero a todas las provincias, a todas las organizaciones que hay que unirse. Nosotros hicimos un juicio por la contaminación de las aguas de Villavil, cuado fuimos a llevar las pruebas las cosas estaban todas mojadas La justicia está pagada, toda la justicia, los gobernantes, vos no podes esperar nada de los gobernantes. Entonces nosotros nos valemos de fotos, grabaciones y la unión de la gente. Si nosotros dejamos que ahora avancen, nos van a hacer pelota el país, entonces nosotros queremos que se nos unan o que se unan, no le pedimos que vayan a pelear por nosotros en Andalgalá, pero estando en sus lugares pueden hacer algo. Ellos no tienen el derecho a venir a hacer lo que están haciendo. ¿Qué tenes que andar vendiendo la vida de la gente? Porque eso no se hace, se está vendiendo la vida de la gente..... Entonces nosotros pedimos a los pueblos que se unan que peleen.
Y es por el agua que estamos peleando. Y es como decimos: el pueblo no se vende y el cerro no se toca porque no lo van a tocar...
Anteriormente mencionabas sobre el trabajo de concientización que lleva adelante la Asamblea.
M: nosotros hacemos un trabajo de hormiga, ir con el documento, explicarle a la gente que lo que dice, explicarle lo más importante: -acá dicen que le van a rematar su casa, léalo. Y vamos casita por casita, golpeando las puertas. Por supuesto que hay gente que no quiere saber nada, pero seguimos. Es muy duro concientizar a la gente, es muy duro lo que nosotros estamos haciendo, pero seguimos. Cuando hay otras asambleas también tratamos de contarles que es lo que está pasando, que tomen conciencia de lo que se está haciendo con la Argentina y se organicen. Creo que llegó el momento que nos tenemos que defender como sea. Yo les pregunto a ustedes, si la Argentina sigue así ¿van a ser inmigrantes en otro país? ¿Van a intentar pasar a otra frontera? Yo no me veo así. Pidiendo agua, matando cualquier animal para comer, para darle a tu hermano. Empecemos a defender a la Argentina, a reunirse con la gente, con toda la gente que le interese. Ustedes ya vieron lo que pasó con Andalgalá, es una ciudad y no les ha importado. Hablen. Hablen, que la gente se concientice.
26 oct 2009
La Universidad de Rio Cuarto rechazó los fondos de La Alumbrera
A pesar de las decisiones en contrario de la mayoría de sus facultades...
En el mismo momento de los hechos radio Universidad de Río Cuarto se comunicó con RENACE por entender que este hecho marca un trascendente capítulo en torno a los fondos mineros para las universidades. Las compañìas mineras no cuentan con la licencia social de los pueblos y pretenden en cambio la "bendición" técnica y científica de las academias.
ADEMAS:
La Facultad de Matemática, Astronomía y Física le dijo no a los fondos de la minera. Es la cuarta facultad de la Universidad Nacional de Córdoba que los rechaza.
La solicitud de rechazo había sido formulada por Cristina Arnulphi y otros docentes de FAMAF. Pidieron que se rechacen los fondos de Alumbrera y se promueva la nulidad y derogación de la ley de Inversiones Mineras.
Hasta ahora son 19 las facultades y unidades académicas que rechazaron los fondos de YMAD. Este año la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba fue la primera en rechazarlos a nivel nacional.
Facultades que rechazaron los fondos (al 20 de octubre de 2009):
Trabajo Social UNER
Ingeniería UNER
Ciencias de la Educación UNER
Bromatología UNER
Psicología UNC
Filosofía y Humanidades UNC
Derecho y Ciencias Sociales UNC
FAMAF UNC
Psicología UNR
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura UNR
Humanidades UNSA
Humanidades UNCOMA
Humanas UNRC
Educación UNLu
Ciencias Sociales UBA
Arte UNICEN
Unidades académicas que rechazaron los fondos:
Sede Esquel UNPATA
Escuela de Ciencias de la Información (Derecho y Ciencias Sociales) UNC
Escuela de Biología (Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) UNC
Universidad Nacional de Rio Cuarto
El Consejo Superior de La Universidad Nacional de Río Cuarto, por once votos contra ocho, rechazó los fondos provenientes de mina Alumbrera (YMAD-Aguas de Dionisio-UTE). La decisión del consejo superior de la universidad sienta un precedente difícil de digerir por el resto de los miembros de Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), debido a que de cinco facultades riocuartenses, una sola había votado el rechazo de los fondos mineros, sin embargo el Consejo Superior, por mayoría, tomó la decisión de rechazar los fondos que provienen de la minera que explota yacimientos de cobre y otros minerales metalíferos en proximidades de las poblaciones de Belén y Santa María en la provincia de Catamarca.
Como es sabido, una parte pequeña de dicha explotación minera son fondos que recibe la Universidad de Tucumán, socia de mina Alumbrera. Los daños irreversibles que ocasiona la explotación a cielo abierto con compuestos químicos ha provocado intensas movilizaciones populares de las comunidades afectadas, acciones que impactaron decisivamente, comprometiendo a todas las universidades del país.
En el mismo momento de los hechos radio Universidad de Río Cuarto se comunicó con RENACE por entender que este hecho marca un trascendente capítulo en torno a los fondos mineros para las universidades. Las compañìas mineras no cuentan con la licencia social de los pueblos y pretenden en cambio la "bendición" técnica y científica de las academias.
Javier Rodríguez Pardo
RENACE-UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS
machpatagonia@gmail.com
011 1567485340
RENACE-UNION DE ASAMBLEAS CIUDADANAS
machpatagonia@gmail.com
011 1567485340
ADEMAS:
La Facultad de Matemática, Astronomía y Física le dijo no a los fondos de la minera. Es la cuarta facultad de la Universidad Nacional de Córdoba que los rechaza.
La solicitud de rechazo había sido formulada por Cristina Arnulphi y otros docentes de FAMAF. Pidieron que se rechacen los fondos de Alumbrera y se promueva la nulidad y derogación de la ley de Inversiones Mineras.
Hasta ahora son 19 las facultades y unidades académicas que rechazaron los fondos de YMAD. Este año la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba fue la primera en rechazarlos a nivel nacional.
Raul Montenegro
FUNAM - RENACE
0351-155 125 637
raulmontenegro@flash.com.ar
FUNAM - RENACE
0351-155 125 637
raulmontenegro@flash.com.ar
Facultades que rechazaron los fondos (al 20 de octubre de 2009):
Trabajo Social UNER
Ingeniería UNER
Ciencias de la Educación UNER
Bromatología UNER
Psicología UNC
Filosofía y Humanidades UNC
Derecho y Ciencias Sociales UNC
FAMAF UNC
Psicología UNR
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura UNR
Humanidades UNSA
Humanidades UNCOMA
Humanas UNRC
Educación UNLu
Ciencias Sociales UBA
Arte UNICEN
Unidades académicas que rechazaron los fondos:
Sede Esquel UNPATA
Escuela de Ciencias de la Información (Derecho y Ciencias Sociales) UNC
Escuela de Biología (Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) UNC
Universidad Nacional de Rio Cuarto
22 oct 2009
Entrevista a la socióloga Maristella Svampa
“El modelo minero es peor que el sojero”
La investigadora asegura que el gobierno kirchnerista profundizó los beneficios para las empresas que realizan explotación a cielo abierto y advierte sobre la contaminación que provoca.
Dice la socióloga Maristella Svampa que muchos la tratan como si fuera Marco Polo. “Es que les traigo noticias de otros mundos”, bromea. Sobre fines de los 90, fue una de las primeras en ocuparse del movimiento de desocupados. Ahora, acaba de editar, junto a Mirta Antonelli, Minería transnacional, narrativas de desarrollo y resistencias sociales, un libro gestado por equipos de investigación de cuatro universidades nacionales (Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y General Sarmiento) que se propusieron poner en agenda el tema de la minería a cielo abierto. “Es un conflicto con claras asimetrías. De un lado, las multinacionales en alianza con los gobiernos y, del otro, poblaciones que se oponen al saqueo y la contaminación”.
– ¿Por qué un país como la Argentina, sin una tradición minera fuerte, se convirtió en el sexto del mundo en potencial minero?
–Tiene que ver con el nuevo tipo de minería. Los minerales ya no se encuentran bajo la forma de vetas sino que están diseminados, muchos de ellos, en la cordillera y precordillera. Esto lleva a utilizar tecnologías altamente agresivas que devastan el medio ambiente. En la Argentina, existe además un marco impositivo de privilegio que fue sancionado durante el gobierno de Carlos Menem y está vigente.
– ¿Qué es la megaminería a cielo abierto?
–Es el proceso que se pone en marcha para obtener los recursos naturales, cada vez más escasos. Dinamitan montañas enteras y utilizan sustancias químicas, como el cianuro, para separar el metal. Para eso, requieren grandes cantidades de agua y energía. El agua va a ser un problema para todos en muy poco tiempo.
– ¿Qué tienen en común el modelo minero y el modelo sojero?
– Ambos están ligados a esta nueva distribución global y territorial del capital y presionan por la expansión irracional de las fronteras. Eso lo demuestran los 20 millones de hectáreas de soja y los territorios mineros con soberanía propia, como Pascua Lama de la Barrick, que no es ni chileno ni argentino. El modelo sojero se expandió porque contiene más actores: pequeños, medianos y grandes. Pese a su tendencia a la concentración, tiene una capacidad de integración que el modelo minero no tiene porque no produce derrame alguno. En ese sentido, el modelo minero es peor que el sojero. En la Argentina, existe un imaginario predominantemente agrario que lo asocia con la idea de progreso y que hace muy difícil discutir el modelo sojero. En cambio, las mineras deben construir una mitología en torno al bienestar que produce la actividad.
– ¿Cómo describiría a las asambleas ambientalistas que se nuclean en la Unión de Asambleas Ciudadanas?
– Es un movimiento heterogéneo y novedoso que nuclea a quienes luchan contra la minería a cielo abierto y también a quienes combaten el modelo sojero. Son vecinos que se convirtieron en ambientalistas por obligación porque tuvieron que salir a defender su comunidad. Funcionan de manera asamblearia con una gran desconfianza hacia toda forma de institucionalización. Éste es un proceso que surge en el interior más profundo, como sucedió hace doce años con los movimientos piqueteros, y también sufren la criminalización de este tipo de protestas.
– En el libro, afirma que las mineras construyen un saber experto para presentar a los ambientalistas como “bárbaros modernos”.
– El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, afirma que la gente es ignorante y que no está informada. Pero, a partir de la experiencia de Esquel, las asambleas construyen un saber independiente. La minería involucra a todos porque tiene mucho impacto en el nivel de vida de las poblaciones: por eso hay hidrólogos, sociólogos, economistas y abogados que están planteando la importancia del derecho ambiental. Suele competir con la economía agrícola, que necesita agua. Bajo La Alumbrera, en Catamarca, consume cien millones de litros de agua por día y esto implica desertificación.
– ¿El kirchnerismo produjo algún cambio en este aspecto?
–Al contrario, Kirchner le dio continuidad al modelo minero de Menem y lo afianzó con un gesto muy claro como el veto a la Ley de Glaciares.
Los casos de Perú y Bolivia
“Este proceso tiene una escala regional”, dice Maristella Svampa, que acaba de regresar de Bolivia y Perú. “Perú es una expresión extrema del saqueo y la contaminación. Es líder en inversiones mineras desde la década del 90 y mantiene el mismo marco normativo. Nadie cuestiona la minería como tal porque su historia está ligada al modelo extractivista, pese a que es fuerte la criminalización de las protestas”.
– ¿Y qué pasa en Bolivia?
–Los funcionarios de Evo te dicen “Bolivia fue, es y continuará siendo minera”. Sostienen que el desarrollo sólo es posible a través de la explotación de los recursos naturales aunque al servicio de un modelo de redistribución. Convive la pequeña con la mediana y con la gran minería, que se está expandiendo. Evo tiene hacia afuera un discurso de defensa de la naturaleza y de la relación de las comunidades indígenas. Pero hacia adentro, tiene un discurso nacional productivista, que es riesgoso. En los últimos dos meses, decidió la expansión de la frontera hidrocarburífera, sin respetar el derecho de las comunidades, salvaguardada por su nueva Constitución.
– ¿Cómo es el caso de Ecuador?
– Hicieron la Constitución más avanzada desde el punto de vista ambiental pero Correa avaló una ley de minería que habilita la expansión de la frontera hacia la Amazonia y tiene en contra a todos las organizaciones campesino-indígenas. Más allá de la inclinación ideológica del gobierno, conservador o de izquierda, tarde o temprano se va a una colisión.
Diego Genoud - 31.08.2009 - Diario Crítica
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